La reorganización del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) impulsada por el Gobierno nacional suma nuevas medidas y profundiza la preocupación entre trabajadores, productores y referentes del sector agropecuario.
En los últimos días se confirmó el cierre de agencias de extensión rural en la provincia de Córdoba. La agencia de Brinkmann dejará de operar a mediados de junio, mientras que la de Ucacha ya atravesó el mismo proceso. Ambas decisiones forman parte de una estrategia de reducción de estructuras que el Ejecutivo nacional viene aplicando en distintos organismos públicos.
Alberto Guendulain, responsable de la agencia de Ucacha, fue uno de los que alzó la voz frente a la medida. Cuestionó los criterios utilizados para definir los cierres y advirtió que la pérdida de presencia territorial podría dañar el vínculo histórico entre el organismo y el sector productivo.
«Se van muchos años de conocimiento y de trabajo honesto junto a instituciones y productores», afirmó Guendulain, quien subrayó el rol que cumplen las agencias en el acompañamiento técnico a los productores y en la articulación con instituciones locales.
En simultáneo, el Gobierno prorrogó hasta el 10 de junio el plazo para adherirse al programa de retiros voluntarios. La iniciativa apunta a la salida de alrededor de 1.200 trabajadores, lo que equivale a aproximadamente una quinta parte de la planta del instituto.
Los gremios que representan a los empleados del INTA rechazaron las medidas y defendieron el papel estratégico de la institución en investigación, innovación y transferencia tecnológica. Advirtieron que el debilitamiento de su estructura podría comprometer tanto la generación de conocimiento como la asistencia técnica a productores en todo el país.
El debate sobre el futuro del organismo continúa abierto mientras avanza la implementación del plan de reorganización.