Un jubilado domiciliado en Posadas llevó su situación de sobreendeudamiento a la Justicia Federal al presentar una demanda contra varios bancos, organismos de crédito, una billetera digital y una empresa de cobranzas. La presentación describe una deuda total que supera los 150 millones de pesos frente a ingresos previsionales netos inferiores a 1,5 millones de pesos mensuales.
Según la demanda, el origen del problema se remonta a enero de 2024, cuando el hombre tomó un préstamo UVA para realizar mejoras en su vivienda. A partir de ese momento, según se detalla en la presentación judicial, se fueron sumando nuevos créditos que en gran parte se destinaron a cancelar obligaciones anteriores, cubrir gastos cotidianos y refinanciar pasivos que no dejaban de crecer.
La presentación indica que el jubilado llegó a tomar nueve préstamos UVA con una misma entidad. El capital originalmente otorgado ascendió a poco más de 49 millones de pesos, pero la deuda habría trepado hasta superar los 83 millones como consecuencia de la indexación y la acumulación de intereses. Al sumar las obligaciones con tarjetas de crédito, entidades con descuento directo sobre el haber previsional y servicios financieros digitales, el pasivo total superaría los 150 millones.
Los abogados del jubilado cuestionan, entre otros puntos, la ausencia de evaluaciones adecuadas sobre la capacidad de pago del consumidor, la falta de información clara sobre el costo financiero total y las refinanciaciones sucesivas mediante nuevos créditos. También denuncian supuestas irregularidades en la gestión de inversiones financieras ofrecidas al demandante, restricciones para acceder a información sobre esas operaciones y mecanismos de cobranza que habrían incluido contactos con familiares del hombre para reclamar pagos.
La defensa sostiene que las entidades incumplieron deberes de «crédito responsable» y que los índices de actualización aplicados estuvieron «desligados de la evolución» de los ingresos reales del jubilado. Por eso solicitaron reemplazar el índice UVA por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
Entre las medidas pedidas figuran la reliquidación de las deudas, la limitación de las cuotas a un máximo del 30% del ingreso previsional y la suspensión de los descuentos automáticos. De manera subsidiaria, la presentación contempla incluso la posibilidad de iniciar un proceso de quiebra de persona humana no comerciante si la Justicia rechaza la reestructuración solicitada.
El fuero federal se declaró incompetente y dispuso remitir las actuaciones a la Justicia ordinaria de Misiones. La defensa evalúa apelar esa decisión, ya que considera que hay entidades federales entre las demandadas y que el fuero original debería haberse pronunciado antes de reenviar el expediente.
El caso refleja una problemática que se repite en distintos puntos del país: jubilados y trabajadores con ingresos fijos que quedaron atrapados entre créditos indexados, refinanciaciones sucesivas y una capacidad de pago cada vez más deteriorada.
Con informacion de Primera Edicion.