El cuarto femicidio registrado en Misiones en menos de seis meses ocurrió durante la siesta del miércoles en el barrio Hipólito Yrigoyen de Posadas. La víctima fue Patricia Raquel González, de 54 años, empleada municipal, quien según los primeros relevamientos de peritos de la Policía Provincial murió a consecuencia de golpes en la cabeza y heridas de arma blanca.
El agresor, identificado como Luis Roberto Zampedri, de 64 años, era concubino de la víctima y trabajaba como empleado de seguridad privada en una cadena nacional de farmacias. Tras cometer el ataque, Zampedri se dirigió al fondo del inmueble ubicado en calle Japón 1567 —entre las avenidas López Torres y Rademacher, zona conocida también como exbarrio Parque Adam— y se colgó con una soga de un árbol en el patio trasero.
Fue uno de los cuatro hijos de Patricia quien la encontró sin vida alrededor de las 16, en una habitación en evidente desorden que, según los investigadores, daría cuenta de la resistencia opuesta por la víctima. Inmediatamente se realizaron llamados al 911 y se activó el protocolo de emergencia. Efectivos de la Comisaría Tercera y del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar junto al juez de Instrucción N°6, Ricardo Walter Balor, y el fiscal René Germán Casals.
El hecho se habría producido entre las 13.30 y las 16. De acuerdo con fuentes consultadas, el ataque habría sido perpetrado con un objeto contundente —similar a un trozo metálico o de hierro— y un cuchillo de cocina. González habría sido inmovilizada mediante golpes en el cráneo y luego apuñalada en múltiples zonas del cuerpo.
Lo que agrava el cuadro es que Zampedri ya había cumplido en 2025 una orden de restricción por violencia de género contra la misma mujer. Esa medida, según las fuentes, habría tenido una duración de treinta días y no impidió que la convivencia se retomara. Vecinos y allegados a Patricia señalaron que ella buscaba poner fin a la relación y que las discusiones se habían intensificado en los últimos días, mientras que Zampedri se resistía a la separación.
Diversas personas consultadas remarcaron que las denuncias y causas previas por violencia familiar no lograron evitar el desenlace.
Una vez concluidos los relevamientos de la Policía Científica, las autoridades judiciales ordenaron el traslado de ambos cuerpos a la Morgue Judicial para que el Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia practicara las autopsias correspondientes. Tras esos procedimientos, los deudos quedarían habilitados para retirar los restos.
Con informacion de Primera Edicion.