Misiones está en condiciones de emitir su propio Bono Verde con respaldo del gobierno nacional. El paso decisivo llegó cuando la certificadora internacional Verra validó que la provincia evitó la emisión de 13,1 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente entre 2017 y 2022, gracias a las políticas de protección de la Selva Paranaense. Con esa certificación en mano, el Ejecutivo provincial prepara la colocación del instrumento en el mercado de créditos ambientales.
El acompañamiento de la Nación se concretó tras gestiones políticas desarrolladas esta semana en el Senado. Carlos Rovira, referente de Encuentro Misionero, mantuvo conversaciones con el canciller Pablo Quirno, quien comprometió el apoyo del gobierno nacional al proceso. Ese compromiso fue ratificado el viernes en una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli.
El jueves, horas antes de la sesión de la Cámara de Representantes, Rovira había anticipado que existían negociaciones en marcha a nivel nacional. La confirmación llegó poco después: la administración de Javier Milei acompañará la colocación de los bonos misioneros.
Los créditos de carbono son instrumentos financieros que permiten cuantificar el beneficio ambiental de conservar bosques y convertirlo en activos negociables. Empresas, fondos de inversión y organismos internacionales los adquieren para compensar parte de sus emisiones o financiar acciones climáticas. En el caso de Misiones, el activo central es la capacidad demostrada de que sus bosques capturan carbono y evitan emisiones que de otro modo llegarían a la atmósfera.
La provincia prevé que parte de los recursos obtenidos retorne para sostener la conservación, el control ambiental, el monitoreo satelital, el desarrollo tecnológico, la producción sustentable y la infraestructura.
La certificación y el bono se enmarcan en una estrategia más amplia que Rovira presentó como uno de los ejes de la nueva agenda de desarrollo provincial. En ese contexto también se anunciaron el Escudo Satelital para la vigilancia permanente de la selva, herramientas de trazabilidad para la producción yerbatera y nuevos mecanismos financieros para obras.
Detrás de todo esto hay un reclamo histórico de Misiones: la provincia protege más del 50 por ciento de la biodiversidad argentina y una de las mayores superficies remanentes de Selva Atlántica del continente, sin haber recibido hasta ahora una compensación acorde por ese servicio ambiental. La certificación y el futuro bono aparecen como la vía más concreta para convertir esa conservación en recursos genuinos.
De avanzar según lo previsto, Misiones podría ubicarse entre las primeras jurisdicciones de América Latina en articular certificación internacional, respaldo estatal y emisión de instrumentos financieros basados en la conservación de bosques nativos.