Detrás de la imagen de optimismo que el presidente Javier Milei proyectó ante el círculo rojo en el Congreso del IAEF —donde aseguró que si la economía marcha bien de cara a 2027 «no nos para nadie»— la estructura interna de La Libertad Avanza atraviesa un momento de desconfianza y fracturas.
El episodio que encendió las alarmas fue la intimación formal que la Inspección General de Justicia (IGJ), bajo la órbita del ministro Juan Bautista Mahiques, cursó a la Fundación Faro —el think tank vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo— para que en diez días presentara su listado de donantes y movimientos financieros.
Caputo respondió con ironía en sus redes sociales, calificando la medida de «total casualidad». Según denunció su entorno, los operadores judiciales ligados a Karina Milei habrían utilizado los recursos del Estado para presionarlos, en represalia por la caída de varios pliegos de jueces semanas atrás.
La tensión expone una división de fondo en la conducción del Gobierno: un sector impulsa acuerdos urgentes con los gobernadores dialoguistas para garantizar gobernabilidad, mientras el ala dura liderada por la secretaria general de la Presidencia sostiene una línea de intransigencia que ya acumuló derrotas legislativas en el Congreso.
En ese contexto, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibió luz verde para avanzar en negociaciones con provincias clave. En las últimas semanas mantuvo reuniones de carácter electoral con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo y, de manera destacada, con el gobernador de Misiones Hugo Passalacqua y con el conductor del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira. Sobre la mesa, según trascendió, estaría el reparto de pliegos de jueces y fiscales en el interior a cambio de respaldo legislativo.
El movimiento responde, en parte, al análisis que hace el oficialismo sobre errores anteriores. La llamada «Negociación Valdés» en Corrientes —donde la negativa a acordar con el radicalismo local derivó en derrotas parlamentarias y en el acercamiento del gobernador correntino a Axel Kicillof— funciona como advertencia interna.
Otro frente de tensión es el creciente protagonismo de la senadora Patricia Bullrich. Al interior del Gobierno reconocen, en reserva, que la exministra consolidó un espacio de «mileismo crítico», diferenciándose de decisiones polémicas del Ejecutivo. Con miras a 2027, sus armadores ya pusieron nombres sobre la mesa para discutir candidaturas en distintas provincias. Entre ellos figura el del diputado radical misionero Martín Arjol. El bullrichismo advierte que repetir la «cerrazón» electoral de los comicios anteriores, con los gobernadores y los sectores dialoguistas en contra, sería, según su diagnóstico, un error de consecuencias graves.
Con informacion de Misiones Online.