Valeria Paraná, docente que se desempeñó durante siete años como directora suplente de la Escuela N° 958 del paraje Barbacuá, en San Antonio, inició una huelga de hambre frente al Consejo General de Educación (CGE) tras ser apartada del cargo y quedar sin salario.
Instalada en una carpa frente al organismo, Paraná aseguró que permanecerá allí «hasta las últimas consecuencias» y reclamó la restitución de los cargos que le fueron revocados mediante la Resolución 3177 del CGE, aprobada la semana pasada.
«Me dejaron sin los dos cargos que tenía, sin trabajo y sin sueldo. Hoy soy una desempleada», afirmó la docente en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones. «No estoy pidiendo nada que no sea mi derecho. Tengo derechos adquiridos y voy a seguir acá hasta que me devuelvan lo que me sacaron», agregó.
La resolución cuestionada declaró nula la disposición de 2019 que la había designado como directora suplente, revocó la Resolución 7845/24 que le otorgaba estabilidad laboral en el cargo de maestra de grado, ordenó eliminar de su legajo el puntaje acumulado por la función jerárquica y declaró vacantes ambos cargos en la institución.
Según explicó Paraná, el CGE argumenta que las designaciones realizadas en su momento habrían sido incorrectas. «Dicen que la designación por la cual accedí al cargo de maestra y luego al cargo directivo está mal realizada. Pero yo tengo estabilidad laboral otorgada por el mismo Consejo General de Educación y estoy cursando una diplomatura obligatoria en la UNaM para titularizar», sostuvo.
La docente denunció que la decisión administrativa forma parte de una persecución: «La intención del Consejo General de Educación, desde sus inicios, era sacarme de la institución. Primero intentaron hacerlo con una denuncia falsa y ahora encontraron otro mecanismo».
El conflicto se remonta a principios de mayo, cuando dos madres presentaron denuncias por presuntos malos tratos de parte de la directora. Sin embargo, según la versión de Paraná, una de ellas habría admitido posteriormente que fue presionada para formular la acusación. La denuncia derivó en la apertura de un sumario administrativo, aunque la mayoría de los padres salió en defensa de la docente y denunció la existencia de una maniobra para impedir que accediera al cargo definitivo de directora cuando se jubilara el titular, Enrique Wolfart, quien lleva seis años con licencia.
«Los abogados de legales fueron a la comunidad, tomaron declaración a todos los padres y quedó demostrado que esa denuncia era falsa. Pensamos que ahí terminaba el problema», relató Paraná en el programa El Aire de las Misiones, conducido por Lody Caballero y Ángel Miño.
Desde el 4 de mayo, los padres habían dejado de enviar a sus hijos a clases en señal de protesta, con dos cortes sobre la ruta nacional 101. La semana pasada, luego de que funcionarios del CGE prometieran acelerar la toma de testimonios, las familias resolvieron que los alumnos regresaran a las aulas. Sin embargo, casi en simultáneo el organismo aprobó la resolución que dejó sin efecto los cargos de la docente.
«Todo el pueblo tenía la resolución antes que yo. El lunes me notificaron formalmente y tuve que entregar la escuela», recordó Paraná.
Entre los puntos cuestionados por la comunidad también figura la distribución de horas especiales en la institución. Según denunciaron los padres y la propia Paraná, dos docentes —Mare González Lemos y Diego González Lemos, madre e hijo— concentrarían 47 de las 56 horas especiales disponibles, y ambos continuarían desempeñándose en distintas áreas pese a no contar con títulos específicos para esas funciones.
«Hay un ensañamiento hacia mi persona. A mí me sacan, pero al mismo tiempo protegen situaciones que deberían investigarse. Yo estudié cuatro años para ser docente y me castigan por una designación que hizo el propio Estado», afirmó la exdirectora.
Paraná señaló que ya presentó recursos judiciales para revertir la medida, aunque cuestionó la lentitud de los tiempos procesales. «Esto tiene carácter alimentario. El banco no espera, el carnicero no espera. Tengo dos hijos y uno está estudiando. Si esto sigue así tendré que hacer que abandone sus estudios», expresó.
La docente también apuntó contra las autoridades educativas provinciales: «Los responsables directos de esta situación son la presidenta del Consejo General de Educación, Daniela López, y el director de Enseñanza, Juan Carlos Morínigo».
Además denunció que ninguna autoridad se acercó a dialogar con ella desde que comenzó la protesta: «Nadie me recibió. Nadie vino a hablar conmigo. Solamente colegas que se solidarizaron con mi situación». Incluso afirmó que durante la mañana se le habría impedido el ingreso a los sanitarios del organismo.
«Me siento fuerte. Estoy tomando líquidos y tengo el apoyo de mi familia, de los amigos y de toda la comunidad», señaló Paraná, quien cerró con una advertencia que resume la tensión del conflicto: «Voy a seguir acá hasta las últimas consecuencias».
Con informacion de Primera Edicion.