La Resolución 32/2026 del Gobierno nacional actualizó el régimen de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y creó el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que permite inscribir talleres, concesionarias e importadores para realizar verificaciones técnicas. Según Nación, el objetivo es simplificar trámites, ampliar la oferta y sostener estándares de seguridad vial en un esquema más competitivo.
Sin embargo, la medida abrió una discusión que va más allá del anuncio: quién controlará la calidad de las inspecciones, qué validez tendrán los certificados entre provincias y cómo se resolverán los conflictos de competencia entre Nación, provincias y municipios.
Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, dialogó con FM 89.3 Santa María de las Misiones y fue crítico con la reforma. Sostuvo que la medida «tiene mucho de voluntarismo», porque la competencia nacional sobre revisiones técnicas alcanza al transporte de carga y pasajeros, pero en el caso de los vehículos particulares la potestad es provincial o municipal.
«Por más que la medida sea buena, las provincias pueden adherirse o no, y esto va a traer grandes discusiones», planteó. Ya se registran posiciones divergentes: Buenos Aires anticipó que no adherirá, mientras que Mendoza manifestó su intención de hacerlo. Para Pons, esa disparidad puede derivar en tensiones institucionales e incluso judiciales.
El especialista también cuestionó la idea de que más talleres habilitados impliquen automáticamente un mejor servicio. A su criterio, «la competencia puede ayudar» a bajar costos, pero no «me garantiza que haya una mejora en la calidad del servicio, porque se va a competir por precio y no por calidad».
Esa advertencia cobra relevancia considerando que la inscripción al nuevo registro será digital, gratuita y podrá realizarse mediante declaración jurada. Además, si vence el plazo de tramitación sin respuesta administrativa, se habilitará una autorización provisoria automática sujeta a control posterior.
«En el decreto está fijado un estándar de calidad. Ahora, ¿cuál es el ente de verificación de todo eso y con qué asiduidad se van a hacer esos controles?», cuestionó Pons. El especialista sostuvo que las inspecciones actuales ya presentan falencias y que, salvo excepciones, la calidad de los controles «deja bastante que desear».
Uno de los riesgos que identificó es que los usuarios terminen eligiendo el taller más barato o menos exigente. «No creo que ninguna persona que tenga un auto diga: ‘Voy a ir al taller que más me exijan, así estoy tranquilo de que mi auto está en condiciones’. Lo que va a jugar es quién me cobra más barato», afirmó. Para ilustrarlo, mencionó que en la provincia de Buenos Aires es frecuente escuchar recomendaciones del tipo: «Andá a tal VTV que no te miran nada».
La reforma también abre interrogantes legales. Si un vehículo radicado en una provincia realiza la verificación en otra jurisdicción cuyo sistema no es reconocido por la provincia de origen, podrían generarse conflictos. Además, aunque Nación habilite un taller, ese establecimiento igualmente necesitará autorización municipal o provincial para operar. «Si mi provincia me dice: ‘No, usted no está acreditado para hacer VTV’, yo no puedo hacer ese trabajo», señaló Pons.
El especialista recordó que constitucionalmente el tránsito nunca fue delegado por las provincias a la Nación, pero al mismo tiempo criticó lo que llamó un «tonto federalismo». «No podemos tener estos sistemas de falso federalismo donde lo que no quieren las provincias, en gran medida, es perder un gran negocio», lanzó.
Otro eje de la entrevista fue la contradicción entre las exigencias sobre los vehículos y el estado de la infraestructura vial. «El Estado, que me debe brindar la infraestructura, no me la brinda y después se pone del otro lado del mostrador y me exige que mi vehículo esté impecable, como si circulara por autopistas alemanas», sostuvo.
Consultado sobre la relación entre la VTV y la reducción de accidentes, Pons señaló que en el país no existen estadísticas confiables para sostener ese vínculo con precisión. «La Argentina tiene una de sus mayores falencias a nivel de seguridad vial: no tenemos estadísticas valederas», afirmó, y advirtió que muchas políticas públicas en la materia se sostienen en buenas intenciones antes que en datos verificables. «Muchas de las disposiciones que se han tomado son gatopardismo puro: todo cambia para que nada cambie», resumió.
Para Pons, el riesgo central de la reforma es que produzca el efecto contrario al buscado. «El decreto es papel, tinta y letras. Vamos a lo real: ¿cuál es el sector del Estado que va a hacer controles estrictos, controles aleatorios, auditorías para poder ver la calidad del trabajo realizado en la VTV?», preguntó. Si se suman más talleres sin fortalecer la capacidad de auditoría estatal, advirtió, la reforma podría terminar burocratizando más el sistema «en pos de la desburocratización».
En Misiones, donde la VTV es obligatoria, la discusión nacional no tiene aplicación automática. El punto clave será qué posición adopta la Provincia frente a la reforma y cómo compatibiliza cualquier cambio con su propia normativa vigente.
Con informacion de Primera Edicion.