El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza declaró que el modelo forestal vigente en la provincia de Corrientes constituye un proceso de «ecocidio» y viola tanto los derechos de la naturaleza como los derechos humanos de las comunidades que habitan esos territorios.
La resolución fue emitida el 27 de mayo, tras la 13ª audiencia local del tribunal, que incluyó una visita de campo y una audiencia pública realizadas en noviembre de 2024. El cuerpo estuvo presidido por el economista ecuatoriano Alberto Acosta e integrado por Yuvelis Morales (Colombia), Enrique Viale (Argentina), Jacqueline Arriagada (Chile) y Maximiliano Mendieta (Paraguay). La ambientalista correntina Renata Nicora Chequin actuó como Fiscal de la Tierra.
La presentación ante el tribunal estuvo a cargo de la organización Defensores del Pastizal, con el acompañamiento de comunidades campesinas, organizaciones socioambientales, investigadores y representantes de pueblos indígenas. A lo largo del proceso se expusieron testimonios, estudios científicos y relevamientos territoriales sobre el impacto de los monocultivos en los ecosistemas correntinos.
Según la sentencia, Corrientes tiene actualmente más de 516.000 hectáreas ocupadas por plantaciones de pino y eucalipto, lo que la convierte en la provincia más forestada del país. El tribunal sostuvo que esa expansión avanzó sobre pastizales, humedales y otros ecosistemas nativos impulsada por políticas de promoción estatal, subsidios y beneficios fiscales.
Uno de los ejes del fallo es el cuestionamiento a considerar esas plantaciones como bosques. Los jueces sostuvieron que los monocultivos industriales no reproducen la biodiversidad ni las funciones ecológicas de un bosque nativo y que, en cambio, generan homogeneización ambiental, pérdida de especies y degradación de los ciclos naturales.
Entre los impactos ambientales atribuidos al modelo, la sentencia menciona la alteración de los ciclos hídricos, la reducción de la disponibilidad de agua, la degradación de suelos, la fragmentación de hábitats y el mayor riesgo de incendios. También advierte sobre la expansión de especies invasoras y la pérdida de biodiversidad en zonas de alto valor para la conservación.
El tribunal señaló en particular la situación del aguará guazú, el tordo amarillo y el yetapá de collar, especies emblemáticas que dependen de los pastizales y humedales correntinos. De acuerdo con la documentación analizada, estas especies habrían visto reducido su hábitat por el avance de las forestaciones industriales.
Durante el proceso declararon las biólogas Florencia Quijano y María Clara González, de Defensores del Pastizal; el abogado ambientalista Tomás Camarasa; representantes de Guardianes del Y’verá; investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste; productores rurales y miembros de comunidades indígenas guaraníes. Los testimonios apuntaron a problemas de acceso al agua, pérdida de biodiversidad, desplazamiento de poblaciones rurales y concentración de tierras.
La comunidad indígena Mboi Kua y habitantes del paraje Santa Bárbara expusieron las consecuencias sociales del modelo: dificultades para sostener formas tradicionales de producción, migración forzada y alteraciones en la vida comunitaria.
El fallo también cuestiona la actuación del Estado. Según el tribunal, organismos nacionales y provinciales habrían promovido la expansión forestal sin implementar controles ambientales suficientes ni mecanismos de protección adecuados. El texto remarca además que funcionarios invitados a la audiencia no respondieron a la convocatoria.
Entre sus conclusiones, el tribunal reconoció a los pastizales y humedales de Corrientes como sujetos de derechos, con derecho a existir, regenerarse y mantener sus ciclos naturales.
La resolución insta al Estado argentino y al Gobierno correntino a elaborar planes de restauración ambiental, establecer una moratoria a nuevas plantaciones de especies invasoras, garantizar el acceso al agua y proteger a quienes defienden los derechos ambientales. También reclama revisar las políticas públicas que favorecieron la expansión de los monocultivos y promover alternativas productivas sustentables.
Con informacion de Primera Edicion.