El Ministerio de Ecología de Misiones reconoció por escrito que no existe ninguna evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto de represa Corpus Christi en el emplazamiento de Pindo-í. La confirmación llegó en respuesta a un pedido formal de acceso a la información pública ambiental tramitado por la Asociación Civil Orembae bajo el expediente 9910-114/2026.
El abogado Martín Ferroni, apoderado de la asociación y especialista en Derecho Ambiental, dio a conocer la respuesta oficial este miércoles. Según detalló, el ministerio respondió solo de manera parcial —sobre dos de los siete puntos consultados— pero esa respuesta resultó suficiente para establecer un dato central: el proyecto no cuenta con ningún estudio ambiental previo.
«No existe ninguna evaluación de impacto ambiental del proyecto de Corpus – Pindo-I, entonces, las recientes afirmaciones de la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (COMIP), ingenieros y legisladores que siguen esta línea de pensamiento de que los impactos de este emplazamiento son mínimos no tienen en qué basarse para afirmar tal cosa», señaló Ferroni en declaraciones a ArgentinaForestal.com.
El letrado precisó que la ausencia de documentación es total en lo que respecta al procedimiento legal exigido: «No existe estudio de impacto ambiental presentado por el proponente, no existe dictamen técnico de la autoridad ambiental, no se ha celebrado audiencia pública ni instancia alguna de participación ciudadana, y no se ha emitido Declaración de Impacto Ambiental. En términos jurídicos, la dimensión ambiental de la obra nunca fue evaluada por el procedimiento que la ley exige».
El debate se reabrió en los últimos meses cuando voceros de la COMIP y otros promotores del proyecto comenzaron a sostener públicamente que la represa tendría un impacto ambiental mínimo, que afectaría pocas hectáreas y pocas familias, y que su diseño «confinado» no dañaría la Selva Paranaense. Desde Orembae consideran que esas afirmaciones son falsas e irresponsables dado que no cuentan con respaldo técnico.
«Nadie puede afirmar legítimamente que un impacto será ‘mínimo’ cuando ese impacto jamás fue medido por el único instrumento idóneo para determinarlo: la Evaluación de Impacto Ambiental», remarcaron desde la asociación.
Ferroni también cuestionó la invocación de estudios de prefactibilidad como argumento para sostener esas conclusiones: «Un estudio de pre-factibilidad no es ni puede sustituir a una Evaluación de Impacto Ambiental. Son instrumentos de naturaleza, finalidad y exigencia legal completamente distintos».
En cuanto al marco normativo, el abogado recordó que la Ley General del Ambiente N.° 25.675 establece la evaluación de impacto ambiental como requisito previo y obligatorio para toda obra susceptible de degradar el ambiente, y que el Acuerdo de Escazú y el artículo 41 de la Constitución Nacional garantizan el derecho a acceder a información ambiental antes de que se tomen decisiones que afecten a la población.
A esto se suma la Ley provincial 3.294, sancionada tras el plebiscito de 1996 en el que la ciudadanía misionera rechazó la construcción de represas sobre el río Paraná, que prohíbe expresamente cualquier nueva obra de ese tipo.
«Resulta inadmisible que se pretenda someter a la población misionera a un nuevo plebiscito sobre una obra cuyos impactos el propio Estado reconoce no haber evaluado. No puede haber consulta informada sin información», sostuvo Ferroni.
En base a la respuesta oficial obtenida, desde Orembae reclaman que cese la difusión de afirmaciones sobre supuestos impactos mínimos sin respaldo técnico, que se respete la vigencia de la decisión popular de 1996 y la normativa provincial vigente, que no se convoque a ningún plebiscito mientras no exista información ambiental completa y de acceso público, y que se garantice plenamente el derecho ciudadano al acceso a la información ambiental.
Con informacion de Misiones Online.