El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) registró hasta el momento 757 retiros voluntarios en el marco del proceso de reestructuración impulsado por el Gobierno nacional. La última etapa se concretó este lunes con la salida formal de 380 agentes, que se sumaron a las bajas ya registradas en semanas anteriores.
El organismo cuenta actualmente con alrededor de 5.750 trabajadores distribuidos en estaciones experimentales, agencias de extensión rural y dependencias técnicas en todo el país. La meta oficial es reducir esa planta hasta aproximadamente 4.500 empleados, lo que representa una baja cercana al 20%. Para eso, las autoridades fijaron un cupo máximo de 1.200 adhesiones al programa, del cual ya se superó la mitad. Además, hay cerca de 150 expedientes adicionales en análisis.
El impacto se siente con mayor intensidad en las sedes del interior. En la agencia de extensión rural de Rauch se acogieron al régimen ocho trabajadores, mientras que en la Estación Experimental Agropecuaria de San Pedro se registraron nueve desvinculaciones, entre ellas la de su directora, la ingeniera agrónoma Laura Hansen.
En varios casos, quienes se van son técnicos, especialistas y profesionales con larga trayectoria en la institución, lo que generó preocupación en sectores vinculados a la producción agropecuaria. El INTA tiene un rol central en asistencia técnica, investigación, desarrollo genético y transferencia de conocimientos hacia productores de todo el país.
Desde la conducción del organismo sostienen que se trata de una reorganización administrativa orientada a optimizar recursos y reducir gastos. Sin embargo, trabajadores y referentes del sector manifestaron inquietud por el posible efecto que la reducción de personal podría tener sobre la capacidad operativa futura de la institución.
Los agentes que adhieren al programa reciben una compensación extraordinaria equivalente a un sueldo y medio por cada año de servicio, abonada en un único pago. Esa compensación contempla únicamente los años trabajados en planta permanente; las antigüedades acumuladas mediante contratos previos quedan sujetas a revisiones particulares. Además, quienes aceptan el retiro no pueden reincorporarse a ningún organismo de la administración pública nacional durante cinco años.
El programa cuenta con financiamiento del Ministerio de Economía y su costo fiscal ya supera los 101.700 millones de pesos, según las estimaciones difundidas.
Con informacion de Primera Edicion.