A casi un año de la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales herramientas económicas del gobierno de Javier Milei para atraer capitales de gran escala, los datos disponibles revelan una distribución territorial muy desigual de los proyectos y abren un debate sobre quién paga los costos del esquema.
Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las iniciativas presentadas bajo el RIGI ya superan los US$ 133.000 millones. Neuquén, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta, concentra proyectos por US$ 62.434 millones, cerca del 47% del total. Le sigue San Juan con US$ 25.000 millones, el 19% del monto global. Si se suma Río Negro, con US$ 19.588 millones, las tres jurisdicciones reúnen más del 80% de los fondos comprometidos.
La concentración responde al perfil de los proyectos: más del 99% del monto presentado corresponde a energía y minería, principalmente petróleo, gas, cobre y litio. Son actividades que requieren desembolsos de miles de millones de dólares y que se localizan en regiones con importantes recursos del subsuelo.
Misiones queda fuera de ese mapa. La estructura productiva de la provincia, basada en yerba mate, té, forestoindustria, turismo, comercio y servicios, no se adapta al requisito de inversiones superiores a los US$ 200 millones que exige el régimen para adherirse. La provincia no figura entre las beneficiarias del RIGI.
El problema, sin embargo, no es solo la ausencia de inversiones. El régimen otorga beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios significativos a las empresas adheridas: reducciones en el Impuesto a las Ganancias, estabilidad fiscal por 30 años, facilidades para importar bienes de capital y un esquema especial de disponibilidad de divisas. Especialistas en economía estimaron que los primeros 13 proyectos aprobados implican una caída de la recaudación nacional de aproximadamente US$ 1.837 millones anuales, equivalente al 0,27% del PBI.
Ese menor ingreso fiscal impacta en la masa coparticipable, el fondo que se distribuye entre todas las provincias. Misiones participa con el 3,14% de esa masa, por lo que una reducción en la recaudación nacional puede traducirse en menos recursos transferidos a la provincia, aunque esta no haya recibido ningún proyecto bajo el régimen.
El Gobierno nacional sostiene que las exenciones serán compensadas por el aumento de la inversión, las exportaciones, el empleo y el dinamismo económico que generarán los nuevos emprendimientos. Economistas críticos del esquema advierten, en cambio, sobre el riesgo de que las ganancias queden concentradas en un grupo reducido de territorios mientras los costos fiscales se distribuyen entre todas las provincias.
El debate excede la discusión sobre el RIGI como herramienta de promoción y plantea interrogantes más amplios sobre el federalismo económico argentino. Misiones representa, en ese esquema, el caso de una economía regional que no accede a los grandes proyectos de inversión pero que igualmente queda alcanzada por sus efectos fiscales.
Con informacion de Primera Edicion.