El Gobierno nacional formalizó la adjudicación de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus. El grupo tendrá a su cargo la operación, el mantenimiento y la modernización de la principal vía fluvial del país durante los próximos 25 años, con posibilidad de prórroga por cinco años más.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) fue el organismo que cerró el proceso licitatorio, iniciado a fines de 2025, para definir el futuro de la Vía Navegable Troncal. Por esa ruta circula aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas, lo que la convierte en un corredor estratégico para el comercio exterior.
La concesión abarca tareas de dragado, redragado, señalización y mantenimiento, además de obras orientadas a mejorar la capacidad operativa del corredor. El Ministerio de Economía indicó que la nueva etapa traerá una reducción estimada del 13,5% en los costos logísticos, lo que permitiría que los buques completen cargas directamente en los puertos de origen y mejoraría la competitividad de los productos argentinos en los mercados internacionales.
Según la documentación presentada por el consorcio adjudicatario, el proyecto prevé ingresos totales superiores a los 15.700 millones de dólares a lo largo del contrato, con una facturación anual promedio de más de 628 millones de dólares.
Las estimaciones del proyecto también anticipan un crecimiento sostenido del tráfico fluvial: el transporte internacional aumentaría más del 38%, el cabotaje cerca del 28%, y el tránsito de buques hacia puertos al norte de Santa Fe superaría el 50%.
El Gobierno precisó que las inversiones más relevantes se concentrarán en los primeros siete años de la concesión e incluirán profundización de canales, mejoras operativas e incorporación de tecnología para reforzar la seguridad y los controles contra actividades ilícitas.
El contrato establece que el concesionario deberá constituir una Sociedad de Propósito Específico y presentar garantías por 40 millones de dólares para asegurar el cumplimiento contractual, más una garantía adicional de 35 millones antes de la firma definitiva. El esquema operará bajo la modalidad de obra pública por peaje y a riesgo empresario, sin financiamiento directo del Estado nacional.
Con informacion de Primera Edicion.