Antes de que el Senado trate el proyecto de ley denominado «De inviolabilidad de la propiedad privada», organizaciones que integran la Mesa Socio Ambiental Misionera remitieron notas formales a los senadores nacionales por Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, para pedirles que voten en contra de la iniciativa o, al menos, gestionen su devolución a comisión para ampliar el debate.
Según sostienen las entidades, la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional equivale en la práctica a eliminar la Ley 26.737 de Protección del Dominio Nacional sobre Tierras Rurales, sancionada en 2011. «Esa Honorable Cámara debate un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que, bajo el nombre eufemístico de ‘inviolabilidad de la propiedad privada’, implica en los hechos la derogación encubierta de la Ley 26.737 de Protección del Dominio Nacional sobre Tierras Rurales, sancionada en 2011 con amplia mayoría parlamentaria», expresaron en las misivas.
En caso de que el proyecto no sea rechazado, las organizaciones solicitaron que vuelva a comisión e incorpore la participación de provincias, comunidades rurales, pueblos originarios y especialistas. «Le solicitamos que vote en contra de esta iniciativa, o en su defecto la devuelva a comisión para un debate amplio que incluya a provincias, comunidades rurales, pueblos originarios y expertos», indicaron en los documentos.
Las entidades advirtieron que las consecuencias de una eventual derogación serían particularmente graves para Misiones y para las familias ligadas a la producción yerbatera. «Lo que está en juego no es una abstracción jurídica: es el futuro de la tierra misionera, la supervivencia de miles de familias yerbateras y la soberanía territorial de nuestra provincia», señalaron.
En ese marco, las organizaciones vincularon la discusión con la situación actual del sector yerbatero, donde, según indicaron, la apertura de importaciones y la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) —organismo que intervenía en la fijación de precios— ya generaron un fuerte impacto en pequeños productores y trabajadores rurales.
También advirtieron que, sin la vigencia de la Ley 26.737, la provincia perdería herramientas legales para limitar la extranjerización de tierras. «Lo que el Gobierno denomina ‘atracción de inversiones’ es, en realidad, una transferencia de patrimonio nacional a manos privadas extranjeras, privando a las generaciones futuras de la posibilidad de decidir sobre su propio territorio», afirmaron.
Finalmente, la Mesa Socio Ambiental Misionera insistió en que cualquier debate sobre la propiedad y el uso de las tierras rurales debe contemplar las particularidades de las provincias productoras e involucrar a todos los sectores afectados, en especial aquellas con fuerte presencia de pequeños agricultores y economías regionales.
Con informacion de Primera Edicion.