La denuncia por presunto abuso sexual contra una niña de 11 años, ocurrido en abril en un colegio de Posadas, derivó esta semana en la detención del docente acusado. Fue la división de Delitos contra la Integridad Sexual de la Policía de Misiones la que lo aprehendió, y el caso quedó en manos de la Justicia.
Este miércoles, padres y madres de alumnos del establecimiento de nivel primario donde el educador se desempeñaba se acercaron al colegio para reunirse con las autoridades. Llegaron con dudas y se fueron enojados: según manifestaron, se enteraron del caso por los medios periodísticos, dos meses después de los hechos, y no a través de las autoridades educativas.
Desde la institución respondieron mediante un comunicado al que accedió PRIMERA EDICIÓN. Según informaron los directivos, se actuó «el mismo día en que se tomó conocimiento de la situación que requería ser investigada» y que «la institución adoptó de manera urgente medidas preventivas de resguardo, disponiendo el apartamiento inmediato del docente involucrado de toda actividad frente a alumnos y restringiendo de forma total sus funciones dentro del establecimiento».
El mismo comunicado indica que, en paralelo, «se procedió a radicar de manera inmediata la denuncia penal correspondiente ante las autoridades policiales y judiciales, cumpliendo de forma activa con las normativas legales vigentes y prestando desde entonces la máxima colaboración para el esclarecimiento de los hechos». También se dio parte a los organismos de supervisión escolar.
El colegio informó además que «atendiendo a la extrema gravedad de los hechos invocados, la institución ha dispuesto la desvinculación definitiva y el despido del docente involucrado, priorizando de manera absoluta la seguridad de los niños, niñas y adolescentes que integran nuestra comunidad».
Por su parte, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) también emitió un comunicado sobre el caso. Según las actuaciones elevadas por el colegio a ese organismo, «entre el 1 y el 10 de junio, la institución instruyó actuaciones internas, recabó información junto a las familias involucradas, labró las correspondientes actas y puso la situación en conocimiento de las autoridades competentes». Asimismo, se realizaron presentaciones ante la Comisaría de la Mujer y se remitió documentación a los organismos intervinientes.
El SPEPM aclaró que el caso «continúa en instancia judicial, ámbito encargado de determinar las responsabilidades que pudieran corresponder», y que el organismo mantiene seguimiento administrativo del expediente. «El organismo tiene una postura firme en cuanto a la protección de niños, niñas y adolescentes, y con el cumplimiento de los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones», concluyó el comunicado.
Con informacion de Primera Edicion.