El Gobierno de Misiones publicó en el Boletín Oficial la creación del Registro Provincial de Infractores Ambientales, conocido por sus siglas RePIA. La medida apunta a fortalecer el control ambiental en la provincia mediante la centralización de datos sobre sanciones e infractores reincidentes.
El registro funcionará bajo la órbita de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables. Su objetivo es centralizar, organizar y almacenar la información relacionada con incumplimientos a normativas ambientales, tanto provinciales como nacionales.
Entre sus funciones concretas se cuentan: registrar las sanciones aplicadas por violaciones a leyes ambientales y sus reglamentos, computar las reincidencias, unificar los registros existentes en el ministerio y coordinar con organismos similares a nivel provincial y nacional. También podrá emitir el Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales y proveer información a otros organismos públicos.
Deberán incorporarse al RePIA todos los expedientes administrativos iniciados por infracciones ambientales, sin distinción de tipo o gravedad. La reglamentación menciona especialmente las leyes de Actividad Acuícola, Áreas Naturales Protegidas, Bosques y Tierras Forestales, Impacto Ambiental, Manejo del Fuego, Monumento Natural, Productos Fitosanitarios y Domisanitarios, Protección de la Fauna, Recursos Hídricos, Residuos y Suelos.
Todas las áreas, delegaciones y cuerpos de fiscalización del Ministerio, así como cualquier otra entidad pública que aplique sanciones ambientales, están obligadas a enviar la información de forma periódica, completa y actualizada.
La inscripción en el registro genera consecuencias directas para el infractor. Quedará impedido de obtener nuevas autorizaciones, habilitaciones, concesiones, permisos, guías u otros instrumentos habilitantes emitidos por el Ministerio de Ecología. Tampoco podrá acceder a programas de fomento, subsidios o beneficios administrados por esa cartera, ni gestionar líneas de crédito de organismos públicos provinciales vinculados a la temática ambiental.
Además, el infractor no podrá recibir incentivos fiscales ni deducciones, integrar comisiones o mesas de consulta ambiental, obtener autorizaciones para investigaciones o eventos en Áreas Naturales Protegidas, ni mantener su inscripción en el Registro Provincial de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental.
La permanencia en el registro es de tres años contados desde el cumplimiento total de la sanción. En caso de reincidencia, ese plazo se extiende a cuatro años.