Las violencias digitales se instalaron como una preocupación cotidiana en las escuelas de Misiones. Para darle un marco legal más sólido a las respuestas del sistema educativo, la diputada provincial de Encuentro Misionero Aryhatne Bahr presentó un proyecto de ley que busca elevar a rango legislativo el Protocolo Provincial para la Prevención, Detección y Actuación ante Riesgos y Violencias Digitales en Entornos Educativos, que hasta ahora rige mediante una resolución del Ministerio de Educación.
La iniciativa surgió de una mesa interdisciplinaria que el Ministerio de Educación convocó durante el segundo semestre del año pasado. De ese espacio participaron representantes del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Prevención de Adicciones, la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Defensoría del Pueblo, el sistema de emergencias 911, la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, la Dirección de TIC del Ministerio de Educación y profesionales especializados en cibercrimen.
«Entendíamos que no había un solo actor que tuviera que hacer frente al avance de las violencias que hay hoy en día en los entornos digitales», recordó Bahr, quien describió el documento final como «el resultado de muchas voluntades para ver cómo abordamos esta problemática».
El protocolo identifica 26 tipos de violencias digitales. Además de figuras ya conocidas como el grooming, la sextorsión y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, incorpora fenómenos más recientes como la ludopatía online, los retos virales, el ciberbullying y las autolesiones promovidas a través de redes sociales. Su contenido se apoyó en estadísticas de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos y en relevamientos de la Defensoría del Pueblo sobre apuestas online entre estudiantes.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un sistema de clasificación de riesgos. «Para mí lo fundamental es que tiene un triage», señaló la legisladora. El protocolo distingue situaciones de riesgo bajo, medio y alto, y establece cuándo corresponde una intervención pedagógica dentro de la institución y cuándo es necesario activar la Justicia. En los casos más graves —riesgo para la vida, autolesiones o delitos contra la integridad sexual— prevé la denuncia inmediata y la actuación coordinada de todos los organismos involucrados.
El proyecto también dedica un capítulo a la preservación de pruebas digitales. «Las pruebas hoy en día son volátiles, se pueden modificar o eliminar muy fácil», advirtió Bahr. Por eso, el protocolo orienta a los docentes sobre cómo conservar capturas de pantalla, conversaciones y publicaciones, y establece canales directos con la Dirección de TIC, el 911 y la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos.
La diputada subrayó que el objetivo no es transformar a los docentes en expertos en delitos informáticos, sino darles un camino claro para actuar. «Lo que más me interesa es que nosotros le estamos dando una herramienta a los docentes para que no estén solos a la hora de enfrentar estos tipos de violencia», afirmó. El protocolo también contempla la protección de los propios docentes cuando son víctimas de acoso o violencia digital.
«No esperamos que los docentes sean especialistas en ciberdelitos; mientras sepan que algo está mal y que existe un camino para denunciarlo, ya estamos dando un paso importante», sostuvo Bahr.
Al cerrar su exposición sobre el proyecto, la legisladora planteó que convertirlo en ley reforzaría una estrategia de prevención a largo plazo. «Las violencias digitales existen, no van a dejar de existir y nosotros tenemos que saber cómo acompañamos estos cambios. Tenemos que proteger a los chicos, pero también acompañar a quienes todos los días están al frente de las aulas», concluyó.