Un hombre de 37 años, identificado como changarín de Concepción de la Sierra, fue condenado a 18 años de prisión por el Tribunal Penal 2 de Posadas. El tribunal, presidido por el juez Martín Alejandro Rau e integrado por César Antonio Yaya y Augusto Gregorio Busse, lo encontró culpable de abuso sexual, amenazas de muerte y desobediencia a las restricciones de acercamiento impuestas por la Justicia.
La causa se originó en enero de 2023 en el Juzgado de Instrucción 4 de Apóstoles y fue debatida durante dos días ante el tribunal posadeño. La víctima es una mujer con discapacidad visual que, según la acusación, padeció reiteradas situaciones de violencia física, psicológica y sexual a lo largo de la relación de pareja.
El fiscal Vladimir Glinka había solicitado 20 años de prisión. En su alegato, describió un patrón de violencia sostenida: «La mujer con discapacidad visual padeció amenazas con principios de ejecución, golpes, agarradas del cuello. ‘Yo no tengo miedo de estrangular a nadie’, le repetía a la víctima a la que no dejaba salir de la casa».
Glinka también señaló que la violencia se intensificó cuando el acusado violó las restricciones de acercamiento ordenadas judicialmente: «La buscó y la atacó en plena calle a una mujer en la vulnerabilidad absoluta, insultándola por la ropa que llevaba puesta».
Sobre los abusos sexuales, el fiscal citó los resultados periciales y el testimonio de la víctima: «El relato de ella indicó espontaneidad para contar lo que le sucedió, justamente porque como víctima necesitaba hacerlo. Se expresó con verborragia pero sin indicadores de mentir. Fue abusada por su pareja como lo describió ella misma: ‘Cuando a él se le ocurría nomás, pasaba y me arrastraba del brazo y me violaba'».
Glinka explicó además que la mujer tardó en denunciar porque «sentía vergüenza y le pesaba ser una mujer casada que sería reprochada en la iglesia evangélica a la que concurría». Respecto al perfil del imputado, el fiscal resumió que los informes de salud mental lo describieron como «un hombre violento con descargas impulsivas agresivas, escudándose con insistencia en sus problemas de adicción a estupefacientes», y remarcó: «Las víctimas no se podían defender, él actuaba sobre seguro, comprendía lo que hacía con y sin drogas».
La causa también incluyó hechos de violencia contra dos hijos de la víctima, uno de ellos en común con el imputado. El fiscal optó por no solicitar condena en ese punto, aunque describió que los menores también fueron víctimas de maltratos. En particular, señaló que un niño de 5 años, durante las entrevistas con peritos, «dibujó secuencias de episodios de terror que sufrió él y su madre».
Durante sus últimas palabras antes de la deliberación, el propio acusado tomó la palabra e intentó matizar las acusaciones: «Reconozco que fui medio impulsivo con mi pareja pero no soy violador». También dijo: «Hubo conflictos en la pareja pero yo fui responsable, íbamos a la iglesia, cocinaba y lavaba los platos, colaboraba». Agregó: «Si yo elegí llegar acá a juicio fue porque busco decir lo que hice y yo no abusé de ella. Me hago cargo, tengo planes y les pido que me ayuden. Prometo que voy a cumplir con un tratamiento al pie de la letra».
El defensor oficial, Marcelo Ozuna, sostuvo en su alegato que el imputado es un hombre violento y con problemas de adicción, pero negó que haya abusado sexualmente de su pareja ni de los menores. «Acá se trata de analizar las pruebas y no de lo que se cree. En el caso de la esposa no se probó ningún abuso mientras duró la relación entre diciembre de 2020 y 2022. Durante ese lapso convivieron en seis viviendas y no hay un solo testimonio concordante con los hechos acusados», argumentó. Ozuna pidió la absolución por los cargos de abuso sexual y que la pena restante se tuviera por cumplida con los más de tres años que el acusado lleva en prisión preventiva.
Tras 90 minutos de deliberación, el tribunal leyó el veredicto condenatorio a las 12.34. La sentencia incluyó también la incorporación del condenado, con su huella genética, al Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual, dependiente del Superior Tribunal de Justicia de Misiones.
Con informacion de Primera Edicion.