La reunión convocada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, terminó sin los resultados que esperaba el sector productivo yerbatero. Durante casi dos horas, representantes de productores, cooperativas, trabajadores rurales, secaderos y el Gobierno de Misiones expusieron un documento con estadísticas oficiales que, según los expositores, demuestran que la desregulación impulsada por el DNU 70/2023 no produjo los efectos que el Gobierno nacional había prometido. Al cierre del encuentro, Sturzenegger ratificó que la política se mantendrá sin modificaciones.
Del encuentro participaron Carlos Luis Czajkowski por las cooperativas, Ricardo Maciel por el Gobierno de Misiones, Carmelo Rojas por la UATRE, Luis Konopacki por el sector de secaderos, Rubén Henrikson por la industria, Roberto Ferreira como director del INYM por la Producción Primaria, el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) Rodrigo Correa junto a su abogado Esteban Aquino, y el diputado provincial de La Libertad Avanza Adrián Núñez.
El informe presentado por Ferreira fue elaborado en conjunto con las asociaciones de productores y buscó contrastar las promesas que justificaron la eliminación de las facultades del INYM con los resultados concretos tras dos años y medio de vigencia del decreto.
De acuerdo con el documento, los indicadores disponibles muestran el efecto contrario al buscado por la reforma. El precio que recibe el productor ronda los 200 pesos por kilo de hoja verde, por debajo de los costos de producción, y el ingreso de materia prima a los secaderos cayó más de un 40% entre enero y abril de 2024 y el mismo período de 2026. A ese cuadro se suma la caída del consumo interno a los niveles más bajos de los últimos años.
El informe sostiene además que la baja en el precio pagado al productor no se trasladó en la misma proporción al precio en góndola, y que la diferencia fue absorbida por otros eslabones de la cadena. También plantea que la eliminación de las herramientas regulatorias fortaleció la concentración económica: alrededor de 12.500 productores deben vender su cosecha a un grupo reducido de secaderos y molinos que concentra el poder de compra y participa en la comercialización final.
El ministro de Agro de Misiones, Facundo López Sartori, cuestionó duramente la postura del funcionario nacional. «Después de dos horas de reunión, el ministro Federico Sturzenegger fue categórico: no habrá cambios. Escuchar cómo se defiende con orgullo una desregulación que está destruyendo la economía yerbatera indigna. Detrás de cada decisión hay miles de productores, cooperativas y trabajadores rurales que hoy no llegan a cubrir sus costos. No están modernizando la economía: están dejando morir una de las economías regionales más importantes del país», afirmó.
El representante del Gobierno de Misiones, Ricardo Maciel, indicó que durante la reunión se solicitó revisar la situación generada por el DNU y recordó que el INYM nunca fijó precios de manera unilateral, sino que funcionó como un espacio de acuerdo entre productores e industria. «Le aclaré que el INYM no es el Estado poniendo precios sino una herramienta para que las partes se junten y acuerden precio. Sturzenegger dijo: ‘Todos tienen que competir, no estamos de acuerdo con ninguna instancia de precios; la cosa sigue como está'», relató Maciel.
Respaldaron la continuidad de la desregulación el representante del Gobierno de Corrientes, Mariel Gabur; el director del INYM por la industria y representante de la Cámara de Molineros, Rubén Henrikson; el presidente del Instituto, Rodrigo Correa; y el diputado provincial de La Libertad Avanza, Adrián Núñez.
Con informacion de Primera Edicion.