El 9 de julio de 2023, el presidente Javier Milei firmaba el Pacto de Mayo en la Casa de Tucumán junto a 18 gobernadores, entre ellos los mandatarios del bloque dialoguista del NEA. Dos años después, el documento de 10 puntos arroja un balance desigual: logros concretos en materia fiscal y de desregulación, pero compromisos centrales todavía sin resolver que presionan las finanzas de las provincias.
Entre los puntos que el Ejecutivo nacional considera cumplidos se cuenta la reforma laboral, que obtuvo aprobación parlamentaria y fue promulgada en marzo de este año. También se sostiene el equilibrio fiscal: el Ministerio de Economía informó que mayo cerró con un superávit primario de 1,9 billones de pesos y un superávit financiero de 478.000 millones de pesos. A eso se suma el avance del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), al que adhirieron 16 provincias, impulsando proyectos en minería y energía. En comercio exterior, el INDEC registró para mayo un superávit de 3.504 millones de dólares, aunque desde el sector industrial advierten por el impacto en la actividad fabril y la capacidad instalada.
Sin embargo, el costo del ajuste recae de manera visible sobre las administraciones provinciales. Según datos de Politikon Chaco y el IARAF, las transferencias no automáticas de la Nación a las provincias —que incluyen los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y programas de asistencia específica— cayeron más de un 87% en términos reales interanuales durante junio, uno de los registros más bajos de las últimas dos décadas. La coparticipación neta también retrocedió: en junio bajó un 8,4% real, arrastrada por la caída en la recaudación del Impuesto a las Ganancias (-14,2%) y el IVA (-4,1%), lo que refleja el debilitamiento del consumo interno.
Analistas y consultoras especializadas señalan que el superávit del gobierno central no responde a un crecimiento de la recaudación sino a una contracción pronunciada del gasto, cuyo peso termina trasladándose a los distritos del interior, que sostienen los servicios de salud, educación y seguridad con ingresos menguados.
En cuanto a las asignaturas pendientes, la reforma tributaria y el rediseño de la coparticipación federal siguen sin plasmarse en un proyecto concreto en el Congreso, pese a que gobernadores de distintos espacios políticos reclaman abrir esa negociación. La meta de reducir el gasto público a niveles cercanos al 25% del PBI también está lejos: el dato de cierre del período anterior lo ubicó en torno al 31,4%. Y el proyecto que buscaba garantizar por ley la inviolabilidad de la propiedad privada fue postergado recientemente en el Senado.
A mitad de mandato, el gobierno de Milei muestra capacidad para mantener el rumbo fiscal y desregulador comprometido en Tucumán. La resolución de las deudas pendientes con las provincias aparece, sin embargo, como condición necesaria para la sustentabilidad del modelo.
Con informacion de Misiones Online.