Una mujer de 40 años fue detenida ayer en su vivienda del barrio San Gerardo, en la zona oeste de Posadas, en el marco de una causa penal que la señala como responsable de estafar a al menos 17 personas con la promesa de conseguirles empleos en el Estado provincial y municipal.
Los allanamientos se realizaron entre las 11.30 y las 14.30 en jurisdicciones de las Unidades Regionales I y X, con intervención de efectivos de la Guardia de Infantería y el Grupo de Operaciones Especiales. Como resultado, se secuestraron un automóvil Volkswagen Bora y cuatro teléfonos celulares. Las diligencias fueron ordenadas por el juez de Instrucción 6, Ricardo Walter Balor, y el fiscal René Germán Casals.
De acuerdo con el expediente, la imputada se presentaba ante sus víctimas como abogada penalista, perito forense y profesional vinculada al Poder Judicial, y afirmaba tener contactos dentro de distintos organismos públicos. Según obra en la causa, les ofrecía supuestas vacantes en la Cámara de Representantes, el Poder Judicial, la Dirección Provincial de Vialidad, el IFAI (actual IMaC) y la Municipalidad de Posadas, incluyendo cargos de planta permanente.
Por esos puestos, según la denuncia, cobraba «señas» que arrancaban en el millón de pesos, principalmente mediante transferencias a billeteras virtuales o depósitos bancarios. Para contratos de seis meses solicitaba 500.000 pesos, mientras que para planta permanente el monto variaba según el salario prometido.
Entre las víctimas se menciona el caso de una madre de Nemesio Parma que, según consta en el expediente, vendió animales de su chacra, materiales de construcción y recurrió a préstamos y familiares para reunir casi tres millones de pesos en concepto de «seña». Los contratos nunca llegaron.
La acusada generaba confianza solicitando documentos personales —DNI, partidas de nacimiento, certificados de domicilio— simulando que existían procedimientos administrativos reales de incorporación de personal. A medida que las víctimas transferían el dinero, ella les informaba supuestas fechas de ingreso, firmas de contratos y altas administrativas, manteniendo viva la expectativa de un empleo próximo.
Las primeras denuncias fueron radicadas en marzo de este año en la comisaría Sexta. La causa acumula 17 denunciantes que apuntan a la misma persona. Según trascendió, la imputada había sido desvinculada del Poder Judicial en 2023 por acciones similares a las que ahora se investigan.
La mujer no opuso resistencia al momento del arresto. Será indagada el próximo lunes por la mañana en el Juzgado de Instrucción 6, ubicado en calle Buenos Aires casi avenida Roque Pérez, por el delito de estafa o defraudación. En tanto, los cuatro celulares secuestrados quedarán bajo peritaje para analizar los chats y demás evidencia digital que pueda aportar elementos a la investigación.
Con informacion de Primera Edicion.