Pocas horas antes de que el Senado abriera su sesión para debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un amplio conjunto de organizaciones misioneras —partidos políticos, agrupaciones campesinas, asociaciones productivas y espacios sociales— lanzó un pronunciamiento público exigiendo que los legisladores nacionales por Misiones rechacen la reforma.
La Cámara alta sesionó este jueves desde las 12 con esa iniciativa en el orden del día, junto con una serie de acuerdos judiciales. El oficialismo llegaba al recinto con incertidumbre sobre si contaba con los votos suficientes para avanzar en el debate.
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, propone modificar las normas vigentes sobre propiedad, expropiaciones, desalojos y adquisición de tierras rurales. Su punto más polémico es la flexibilización de los límites que hoy restringen la compra de campos por parte de personas y empresas extranjeras. La legislación actual fija un techo general del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, e impone restricciones adicionales según la nacionalidad del comprador y la ubicación del inmueble.
El Gobierno sostiene que esas restricciones desalientan inversiones y que una mayor apertura permitiría atraer capital para infraestructura, producción y economías regionales. El dictamen de mayoría que llegó al recinto traslada además mayores facultades a las provincias para decidir sobre la adquisición de tierras por extranjeros, y mantiene controles especiales para estados extranjeros, empresas con participación estatal foránea y operaciones en zonas de frontera.
Uno de los puntos que generó mayor rechazo entre las organizaciones es la incorporación del silencio administrativo positivo: según el texto difundido antes de la sesión, si las autoridades no presentan objeciones dentro del plazo establecido, la autorización quedaría automáticamente concedida. Para los firmantes, ese mecanismo debilitaría los controles sobre la tierra, los cursos de agua y los acuíferos.
El pronunciamiento fue especialmente enfático en el contexto de Misiones. Las organizaciones señalaron que la provincia tiene condición fronteriza, abundancia de agua superficial y subterránea, y una economía con fuerte peso agropecuario, lo que hace al territorio particularmente sensible a cualquier modificación del régimen de tierras.
Según sostuvieron los firmantes —sin precisar la fuente de los datos—, el 14% de las mejores tierras productivas de Misiones ya estaría en manos extranjeras, y tres empresas concentrarían más del 20% de la superficie rural provincial. Sobre esa base, advirtieron que la reforma podría profundizar un proceso de concentración que ya afecta a la provincia.
«De aprobarse, esta iniciativa profundizaría la extranjerización del territorio nacional, favoreciendo que millones de hectáreas pasen a manos de intereses foráneos», expresaron en el documento.
Las organizaciones también vincularon la reforma con la situación de los pequeños y medianos productores locales. Según plantearon, la crisis agraria —agravada, a su entender, por la desregulación del mercado yerbatero— está deteriorando la situación económica de productores, cooperativas y emprendimientos familiares, lo que facilita que esas explotaciones queden expuestas frente a actores con mayor capacidad financiera.
Como antecedente de defensa territorial, el comunicado recordó la figura del fallecido obispo de Puerto Iguazú, Joaquín Piña, y su intervención en el proceso que derivó en la Ley Provincial de Colonización de 2004. Según los firmantes, esa política permitió que más de 2.000 familias accedieran a tierras en el noroeste de Misiones, una región que luego registró crecimiento productivo y demográfico.
«Queremos que la tierra sea propiedad privada de muchos y no de unos pocos», citaron al recuperar una frase atribuida al religioso.
«Exigimos a los legisladores nacionales por Misiones que rechacen de manera unánime este proyecto, defendiendo el patrimonio de nuestra provincia y la soberanía nacional», señalaron.
El comunicado fue suscripto por Patria Grande, Unidad Popular, Libres del Sur, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, la Federación Nacional Campesina, el Partido del Trabajo y del Pueblo, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Patria Misiones y diversas organizaciones ligadas a la agricultura, la salud comunitaria, la cultura y el ámbito universitario.
«La tierra misionera y la patria no se venden. Se defienden», concluye el texto.
Con informacion de Primera Edicion.