El Senado decidió este jueves postergar el tratamiento del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada hasta el 6 de agosto, luego de que el oficialismo no pudiera reunir los apoyos suficientes para avanzar con la votación.
La moción de cuarto intermedio fue impulsada por Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, y se aprobó con 62 votos a favor, tres en contra y una abstención. La medida le da al Gobierno tiempo para seguir negociando durante el receso invernal del Congreso.
El principal escollo fue el capítulo sobre tierras rurales. Los bloques dialoguistas, encabezados en este punto por la Unión Cívica Radical, reclamaron que las provincias conserven la facultad de controlar las operaciones de compraventa cuando el comprador sea extranjero, una posición que el Ejecutivo nacional no está dispuesto a aceptar.
Eduardo Vischi, presidente del bloque radical en el Senado, lideró las objeciones. La conducción nacional de la UCR, a cargo de Leonel Chiarella, emitió además un documento titulado «La soberanía se defiende cuidando nuestra tierra», en el que reivindicó la vigencia de la Ley de Tierras y recordó que la norma limita al 15% la propiedad extranjera sobre tierras rurales y fija que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese cupo. La senadora salteña Flavia Royón también adhirió a esa postura.
En las horas previas a la sesión, Bullrich mantuvo reuniones con el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y con referentes de la oposición dialoguista en las oficinas del bloque radical del Palacio Legislativo. Participaron de esas conversaciones, además de Vischi, la radical Mariana Juri, Royón, Martín Goerling Lara del PRO, Beatriz Ávila, Julieta Corroza y la propia Bullrich. Las negociaciones no alcanzaron para cerrar un texto unificado. Al finalizar, Ávila señaló: «Es una ley que modifica muchas leyes y hay que seguir dialogando».
El quórum de 37 senadores se alcanzó con el respaldo del PRO, la UCR y fuerzas provinciales, lo que permitió a la vicepresidenta Victoria Villarruel abrir el debate. El único bloque que no acompañó fue Convicción Federal, encabezado por la senadora jujeña Carolina Moisés.
Convicción Federal presentó un dictamen de minoría y expresó reparos, especialmente sobre el régimen de desalojos. Los senadores del bloque sostuvieron que «es inaceptable que la ley coloque en el mismo plano a quien alquila de buena fe y atraviesa una situación económica crítica con quien ocupa ilegalmente una propiedad». Su propuesta alternativa distingue jurídicamente la usurpación de los conflictos entre inquilinos y propietarios, y establece que ningún desalojo habitacional pueda concretarse sin una instancia efectiva de defensa para el inquilino. El bloque también rechazó cualquier flexibilización en la venta de tierras rurales a extranjeros.
Cuestionamientos llegaron también desde Unión por la Patria. La diputada Cecilia Moreau afirmó: «Por redes hablan de patria, de soberanía, muestran mucho la bandera argentina… pero cuando llega el momento de sentarse y votar, con carita de piedra hacen entrega de nuestras tierras a extranjeros, habilitan la quema de los bosques nativos y le quitan herramientas al Estado para proteger a los argentinos. Esto son».
El proyecto, que obtuvo dictamen en el Senado el 20 de mayo y fue modificado en varias oportunidades desde entonces, incorpora los llamados desalojos exprés para inmuebles usurpados o ocupados por tenedores precarios. La iniciativa faculta al juez a ordenar la restitución inmediata cuando el derecho del propietario resulte verosímil y este presente una caución juratoria, con un plazo de intimación de 72 horas.
En materia ambiental, el proyecto deroga un artículo de la Ley de Manejo del Fuego de 2020 que prohíbe durante 30 años modificar el uso de superficies rurales incendiadas. Desde el oficialismo sostienen que esa restricción «atentó directamente contra la producción».
Respecto de las tierras rurales, la versión actual del texto establece que las operaciones en zonas de frontera requerirán doble autorización: de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional. Eso representa un cambio respecto de la propuesta inicial del Gobierno, que pretendía eliminar todas las restricciones a la compra por parte de extranjeros.
Queda descartado por ahora que el proyecto regrese a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. Si el oficialismo logra los votos el 6 de agosto, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.
Con informacion de Misiones Online.