En Misiones, apenas cuatro de cada diez alumnos de tercer grado —alrededor de 8 años— tienen celular propio. Es la proporción más baja del país, compartida únicamente con Formosa. En el extremo opuesto, Santa Cruz encabeza el ranking con casi siete de cada diez chicos de esa edad que ya cuentan con un teléfono personal.
Los datos provienen del informe «Celulares: ¿prohibir o no prohibir?», elaborado por Andrea Goldin (CONICET y Universidad Torcuato Di Tella) junto a Martín Nistal y Tomás Besada, de Argentinos por la Educación. El trabajo se basa en los resultados del operativo Aprender 2024, que relevó a estudiantes de tercer grado en todo el país, y también repasa la evidencia internacional sobre restricciones al uso de celulares en las escuelas.
A nivel nacional, el 59% de los alumnos de ese grado ya tiene celular propio. Solo el 18% no accede a ningún dispositivo, mientras que el 23% restante usa el teléfono de algún familiar. Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego lideran con más del 65% de tenencia entre los alumnos de tercer grado.
También hay diferencias según el nivel socioeconómico: en el quintil de mayores ingresos, el 63% de los chicos tiene celular propio; en el quintil más bajo, esa cifra cae al 52%. La presencia de los dispositivos crece notablemente en la secundaria: según Aprender 2023, el 90% de los estudiantes de ese nivel ya cuenta con uno.
En Misiones, la provincia todavía no cuenta con una normativa que regule el uso de celulares en las escuelas, aunque cada vez más instituciones comenzaron a establecer restricciones propias durante las clases. A nivel nacional, son 11 las provincias que ya tienen leyes, resoluciones o protocolos sobre la materia.
El informe advierte que la evidencia científica no ofrece una respuesta definitiva sobre la conveniencia de prohibir los dispositivos. Si bien la mayoría de los estudios indica que las restricciones reducen las distracciones, los resultados en cuanto a mejoras en el aprendizaje son menos concluyentes. «Algunos estudios muestran mejoras en el rendimiento académico, especialmente entre estudiantes de bajo desempeño o pertenecientes a sectores más vulnerables. Otros, en cambio, no encuentran cambios significativos, incluso en contextos donde las restricciones son estrictas», señala el trabajo. Los autores agregan que, cuando se registran mejoras, suelen ser moderadas, y que reducir las distracciones no garantiza mejores resultados de aprendizaje.
Tampoco hay consenso sobre el impacto en la convivencia escolar: algunos estudios registran una reducción del bullying con las restricciones, mientras que otros no detectan diferencias en el clima institucional.
La regulación del uso de celulares en las escuelas se convirtió en una tendencia global. Según datos de la UNESCO, la proporción de países con algún tipo de restricción formal pasó de menos de una cuarta parte en 2023 a cerca del 60% en 2026. Francia, Países Bajos y Chile optaron por restricciones generales; Brasil, Finlandia y Dinamarca permiten su uso solo con fines pedagógicos y bajo supervisión docente; en el Reino Unido, cada escuela define sus propias reglas. En Argentina no existe una normativa nacional unificada.
Lucía Fainboim, especialista en educación y cuidados digitales y fundadora de Bienestar Digital, planteó una reflexión más amplia: «Me preocupa que hayamos naturalizado que un niño de ocho años tenga un celular propio. Esa naturalización no ocurre por casualidad: es consecuencia de un ecosistema digital pensado para incorporar usuarios cada vez más temprano. El problema es que esas lógicas de mercado no coinciden sino que contradicen lo que sabemos que necesita una infancia saludable: tiempo para jugar, moverse, aburrirse, desarrollar autonomía y construir vínculos. Las plataformas piensan al niño como posible usuario y consumidor. Los adultos tenemos que pensarlos como niños que merecen una infancia plena».
Por su parte, Melina Masnatta, experta en tecnología educativa, sostuvo que «si el sistema educativo fue históricamente la puerta al mundo, hoy esa puerta es la pantalla», y señaló que el informe aporta una base de datos necesaria pero advirtió que «trasladar evidencia sin contexto es un error. Más que discutir si prohibir o no, el desafío es preguntarnos cómo mediar el uso de la tecnología con criterios pedagógicos para mejorar la convivencia y los aprendizajes».
Con informacion de Primera Edicion.