El Gobierno de Misiones dio marcha atrás en la creación del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA). La decisión se formalizó este viernes 17 de julio de 2026 mediante la Resolución 248/26, firmada por el ministro de Ecología, Martín Recamán, que dejó sin efecto la Resolución 182/26 con la que se había creado el registro a principios de mes.
La cartera ambiental fundamentó la derogación en razones de «oportunidad, mérito y conveniencia», sin pronunciarse sobre los cuestionamientos jurídicos que había planteado el sector privado.
La impugnación fue articulada de forma conjunta por AMAYADAP, APICOFOM, la Confederación Económica de Misiones, la Sociedad Rural de Misiones y la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones, entre otras entidades. Según plantearon esas organizaciones, la resolución original era inconstitucional porque permitía incorporar a personas y empresas al registro con la sola apertura de un expediente administrativo, antes de que existiera una sanción firme, lo que a su criterio vulneraba el principio de inocencia y las garantías del debido proceso.
El malestar del sector se agudizó, según denunciaron los empresarios, porque tomaron conocimiento de la medida a través de los medios de comunicación, con información que describieron como parcial y confusa. Las reuniones de urgencia se realizaron en la sede de AMAYADAP, que encabezó la presentación formal de la impugnación administrativa.
El RePIA buscaba concentrar en una base de datos digital a quienes incurrieran en contravenciones a las leyes ambientales provinciales. El punto de mayor conflicto, según los impugnantes, era que figurar en ese registro bloqueaba automáticamente el acceso a permisos ambientales, subsidios, créditos bancarios, incentivos fiscales y otros beneficios del Estado provincial mientras la sanción estuviera vigente. Además, la norma creaba un Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales de presentación obligatoria para iniciar cualquier gestión o plan forestal, y establecía que los infractores permanecerían registrados durante tres años tras cumplir la sanción, plazo que se extendía a cuatro años en casos de reincidencia.
La caída del registro dejó al descubierto una agenda de reclamos más amplia del sector foresto-industrial. Durante las negociaciones, las cámaras volvieron a plantear las demoras en la aprobación de permisos de cambio de uso del suelo y planes forestales, las restricciones para autorizaciones de quemas controladas, el impacto de la prohibición del glifosato y la falta de claridad en torno a los certificados de créditos y bonos de carbono jurisdiccionales. Las entidades reclamaron que estos temas sean abordados con transparencia, previsibilidad y diálogo con el Estado.
Con informacion de Misiones Online.