El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) registra una deuda de 1.704.123.743 pesos con los 57 efectores públicos de salud de Entre Ríos. El pasivo abarca geriátricos, hospitales de baja complejidad y establecimientos de salud mental, según un informe del sitio Análisis.
El principal acreedor es Salud Entre Ríos S.E., con 237,7 millones de pesos pendientes. Le siguen el Hospital Dr. Enrique Fidanza, con 216,7 millones; el Geriátrico Dr. Pascual Palma, con 192,2 millones; y el Hospital Brage Villar, de Hasenkamp, con 117 millones. También figuran en la lista el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, con 93,8 millones; el Geriátrico Dr. Domingo Cúneo, con cerca de 69 millones; y el Hospital San Blas, de Nogoyá, con 66,6 millones.
La deuda se divide entre dos circuitos de facturación: el sistema centralizado (FC) concentra 529,8 millones de pesos, mientras que el unificado (FU) reúne 1.174,3 millones. Este último esquema fue implementado de forma obligatoria para los hospitales desde 2024 y representa la mayor parte del pasivo acumulado.
Según el informe, PAMI impulsó ese mecanismo administrativo y luego dejó de cumplir los pagos en los plazos previstos. La Gerencia Económico Financiera del organismo reconoció que los desembolsos dependen de las partidas que transfiere el Ministerio de Economía. «Los plazos se ven directamente influidos por las fluctuaciones en la recaudación nacional», señaló el organismo, lo que implica que los hospitales cobran en función de la disponibilidad de fondos nacionales.
El relevamiento también advierte sobre el acceso a medicamentos. Entre 2024 y 2026 se registraron 29.208 reclamos en la UGL XIV, con un aumento del 15,6 por ciento entre 2024 y 2025. La mayoría corresponde a medicamentos sin cargo y tratamientos especiales, y más de la mitad está vinculada a remedios e insumos médicos. Cerca de 1.900 casos permanecen abiertos en 2026.
En ese contexto, la Gerencia de Medicamentos confirmó que los fármacos incluidos en el plan de uso eventual dejaron de tener cobertura del cien por ciento y pasaron a recibir un 40 por ciento. El listado incluye acetilcisteína, betahistina, antiácidos, complejos vitamínicos y ansiolíticos combinados. «La justificación oficial sostiene que no cuentan con evidencia médica suficiente para garantizar beneficios clínicos significativos», indicó el organismo al explicar la reducción.
El cuadro general muestra a los hospitales entrerrianos atrapados entre deudas acumuladas, una demanda creciente de medicamentos y un financiamiento condicionado a los recursos que transfiere el gobierno nacional.