Sectores de la Iglesia Católica se pronunciaron en contra del proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada que el Senado tiene previsto debatir el próximo 6 de agosto. A través de una carta abierta dirigida a los legisladores, firmada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Pastoral Aborigen y Cáritas, reclamaron que el tratamiento de la propuesta esté orientado por el bien común y no por intereses particulares.
El documento, titulado «La tierra: madre, hermana y bien común», sostiene que la tierra «no es una mercancía» y apela a la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV, que plantea el destino universal de los bienes y el derecho de todas las personas al uso de los recursos naturales.
Las organizaciones manifestaron su «profunda preocupación» por varios aspectos de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. Uno de los puntos centrales que cuestionan es la eliminación de las restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de personas físicas y empresas extranjeras, incluyendo aquellas vinculadas a reservas de agua y otros recursos naturales.
También cuestionan las modificaciones previstas a la Ley de Manejo del Fuego, advirtiendo que habilitarían el uso inmediato de tierras afectadas por incendios, algo que la legislación actual limita. A eso suman la advertencia de que el proyecto reduciría la capacidad del Estado para planificar el uso del territorio, ejecutar obras públicas y proteger el interés colectivo.
En la carta, los firmantes destacan que la tierra tiene un significado que va más allá de lo económico, en particular para las comunidades rurales, campesinas e indígenas, para quienes constituye un elemento central de su identidad y su cultura. También recuperan conceptos de la encíclica Laudato Si’ del papa Francisco, que define a la tierra como «nuestra hermana y nuestra madre».
Otro punto abordado es el acceso a la vivienda. Las organizaciones señalaron que el debate sobre la propiedad debe contemplar también la situación de quienes alquilan y no tienen vivienda propia, y plantearon la necesidad de un marco jurídico que equilibre los derechos de propietarios e inquilinos.
El proyecto ya había fracasado en intentos legislativos anteriores y, hasta el momento, no cuenta con los votos asegurados para su aprobación. Sin embargo, el ministro Federico Sturzenegger mantuvo la semana pasada reuniones con legisladores aliados y aceptó modificaciones al texto con el objetivo de sumar adhesiones.
Al cierre de la carta, las tres organizaciones reiteraron el llamado a los senadores para que las decisiones sobre el proyecto prioricen la protección de los bienes naturales y el futuro de las próximas generaciones por encima de los intereses particulares.
Con informacion de Primera Edicion.