La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) llevó adelante este lunes un paro nacional de 24 horas que abarcó los niveles inicial, primario y secundario en todo el territorio argentino. La medida coincidió con el regreso a clases en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque sus efectos se extendieron a otras jurisdicciones.
Entre los principales reclamos, los gremios exigen una recomposición salarial, la restitución inmediata del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y un incremento del presupuesto para establecimientos educativos y programas escolares.
«Los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación», argumentaron desde la confederación.
Los sindicatos también reclamaron una nueva Ley de Financiamiento Educativo y rechazaron el proyecto de Ley de Libertad Educativa, además de oponerse a eventuales reformas jubilatorias en defensa del sistema previsional público.
A la medida adhirieron docentes y auxiliares estatales nucleados en CTERA y gremios asociados, sindicatos bonaerenses como Suteba, FEB, Udocba y Amet, organizaciones de docentes universitarios como Conadu Histórica, y en algunos casos también escuelas privadas a través del sindicato Sadop.
En forma paralela, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a su propio paro para la misma jornada, lo que limitó el funcionamiento de diversas dependencias públicas nacionales y provinciales.
Sectores disidentes dentro del gremio bonaerense, como la Multicolor de Suteba y la Asociación de Maestros y Maestras, propusieron extender la protesta hasta el martes 4.
«Los docentes de todo el país paramos y nos movilizamos para enfrentar y derrotar la ofensiva anti-educativa del gobierno derechista de (Javier) Milei y del ajuste de todos los gobernadores sin excepción, que han hundido a la Educación Pública en un estado de emergencia absoluta», expresaron dirigentes de esa corriente.
Ese sector también afirmó que la inversión nacional en educación «se redujo cerca de un 50% en términos reales entre 2023 y 2025, cayendo desde el 1,43% del PBI hasta un piso cercano al 0,75%», que el financiamiento educativo consolidado «descendió al 4% del PBI» y que la inversión en infraestructura educativa «cayó un 58,5%».
Ante la postura del Consejo Federal de Educación, que ratificó «el 75% de la prestación habitual del servicio educativo», los dirigentes respondieron que «la ministra carece de cualquier legalidad para aplicar la conculcación de derecho de huelga, que es constitucional, en particular para un Estado Nacional desentendido por completo de todas las escuelas del país».