El debate sobre el acceso a la vivienda volvió a encenderse en Argentina a partir del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La Asociación de Inquilinos Córdoba salió a rechazarlo y advirtió que la iniciativa prioriza la velocidad de los desalojos por encima de las causas económicas que llevan a las familias al incumplimiento.
El presidente de la entidad, Maxi Vittar, dialogó con FM 89.3 Santa María de las Misiones y pidió analizar el proyecto en su conjunto. «Es difícil analizar de manera parcial este proyecto. Tiene distintas partes que están relacionadas entre sí y responden a una misma lógica», señaló.
Para Vittar, la discusión no debe plantearse como un enfrentamiento entre propietarios e inquilinos. «El problema no es el propietario. El problema es la ausencia del Estado. Hay propietarios que también la están pasando mal, pero cuando una familia no puede pagar el alquiler la única respuesta no puede ser desalojarla más rápido», afirmó.
El dirigente apuntó que la mayoría de los casos de mora son consecuencia del deterioro económico, el desempleo y la precarización laboral, no de una decisión deliberada de incumplir.
En ese marco, introdujo el concepto de «mora invisible»: hogares que sostienen el pago del alquiler a costa de endeudarse o resignar otros gastos. «Muchas familias siguen pagando el alquiler, pero dejan de pagar la tarjeta, refinancian préstamos o resignan otros consumos para no perder el techo», explicó.
Vittar también cuestionó los resultados de la derogación de la Ley de Alquileres. Reconoció que la oferta de inmuebles creció, pero negó que eso haya beneficiado a los inquilinos. «Nos dijeron que con más oferta iban a bajar los precios y que sería más fácil alquilar. Eso no está sucediendo», sostuvo.
Además, señaló que muchos trabajadores quedan fuera del mercado formal de alquileres por no contar con recibos de sueldo suficientes o por ser monotributistas, lo que les impide cumplir con los requisitos que exigen los propietarios.
Para la asociación, agilizar los procesos judiciales de desalojo no constituye una política habitacional. «Los desalojos son la consecuencia de la crisis, no la causa. Si solo discutimos cómo hacerlos más rápidos, estamos renunciando a discutir por qué cada vez más familias llegan a esa situación», concluyó Vittar.
Desde la entidad sostienen que el debate debe abordar tanto el derecho de propiedad como el derecho constitucional a una vivienda digna, con políticas públicas que atiendan las dos dimensiones.
Con informacion de Primera Edicion.