Organizaciones sindicales, sociales, sectores agrarios y comunidades originarias marcharon ayer por el centro de Posadas en rechazo al proyecto de ley que el Gobierno nacional busca convertir en media sanción. La iniciativa incluye cambios sobre alquileres, desalojos, expropiaciones del Estado y la posibilidad de modificar el uso del suelo en campos quemados.
Desde el miércoles se sabía que el Ejecutivo había decidido eliminar del megaproyecto el capítulo que habilitaba la extranjerización de tierras. Sin embargo, los convocantes mantuvieron la movilización con el objetivo de reclamar la derogación total del paquete de reformas y alertar sobre sus consecuencias para Misiones.
Miriam López, secretaria general de ATE Misiones, valoró el retiro de ese capítulo pero dejó en claro que no alcanza para frenar el reclamo. «Lo recibimos bastante bien en el sentido de que creemos que lo hicieron por la presión que ejercimos los argentinos, pero decidimos igualmente salir a la calle porque es solo un artículo. Necesitamos que se revise toda la ley, que se dé de baja y que se vuelva a discutir. Jamás en la vida vamos a aceptar que de la noche a la mañana aprueben una ley entera así», afirmó.
López también señaló la situación particular de la provincia. «En Misiones tenemos más de 1.000 kilómetros de frontera internacional y más del 15% de nuestra tierra está extranjerizada. Para un proyecto colectivo o de vivienda tenemos que comprarle la tierra a extranjeros que además vienen y explotan a nuestra gente», sostuvo. Y añadió: «Como trabajadores del Estado, damos fe de eso: con organización y presentaciones judiciales le doblamos el brazo al Gobierno nacional».
La dirigente también vinculó la marcha con otras políticas del Gobierno. «Vinieron para destruir y acechar a los trabajadores argentinos en general. Prueba de ello son las 31.000 empresas que se cerraron en el país y también acá en Misiones, donde hay miles de desocupados. La situación se nota en las calles y en la cantidad de ollas populares que no se pueden parar. Vinieron por el presupuesto universitario, la Ley de Discapacidad, el Hospital Garrahan, los salarios y las tierras. Vamos a resistir con organización y lucha», concluyó López.
El sector productivo también estuvo representado. Hugo Sand, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), instó al Congreso a no tratar el proyecto y reclamó la restitución de las facultades operativas al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). «Hay que dar de baja toda esa ley, no hay que tratarla. Es muy peligroso lo que están haciendo, por eso venimos del interior a decirle al Gobierno nacional que está haciendo mal las cosas y que tiene que devolverle todas las funciones al INYM», declaró.
Sand también resaltó la postura del gobernador provincial. «Es sumamente importante que el gobernador Passalacqua haya dicho públicamente ‘no a la extranjerización de las tierras’. Les pedimos a los senadores y diputados que lleven ese mensaje a la Nación. Los norteamericanos ya se quedaron con el manejo del río Paraná, de las proteínas que salen por ahí y de los minerales. Acá quieren quedarse con Misiones, querrán comprarse las Cataratas del Iguazú como se compraron el Lago Escondido», advirtió.
Sobre la eliminación del capítulo de extranjerización, Sand fue escéptico: «Yo no les creo absolutamente nada. Retroceden para venir con más fuerza porque vienen por todo. Desde el INYM hace muchos años decimos que vienen por las tierras de los productores y por el Acuífero Guaraní, y ahora abiertamente lo están diciendo».
La movilización contó también con la participación de referentes de pueblos originarios. Hilario Moreira, cacique de la comunidad Tamanduá, expresó la preocupación de las familias indígenas ante cualquier flexibilización del acceso a la propiedad inmueble por parte de empresas extranjeras. «Para el pueblo indígena, y para la Nación mbya guaraní en especial, esto afecta indiscutiblemente el derecho al territorio. La sociedad misionera sabe que la población indígena es preexistente, por lo que somos los más afectados en la provincia y a nivel nacional, ya que esto va a significar la pérdida de territorios que seguimos defendiendo porque son nuestra casa grande», señaló.
Moreira cerró su mensaje reclamando el cumplimiento de los derechos reconocidos constitucionalmente. «Reafirmamos nuestro derecho al territorio porque es un derecho constitucional desde 1994. La Nación reconoce nuestra preexistencia y los gobiernos deben ser garantes de eso. Somos parte de esta Nación y estamos en el mismo camino de defender la soberanía como pueblo indígena y como argentinos», concluyó.
Con informacion de Primera Edicion.