El caso del exdirector de la Escuela Provincial 733 de San Vicente, Juan Carlos Kategora, escaló al ámbito judicial. El diputado provincial Cristian Castro, del Partido Agrario y Social (PAyS), presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Instrucción Penal N°1 de Posadas para que la Justicia investigue la situación laboral y administrativa del docente.
Según la presentación de Castro, los hechos podrían encuadrarse en los delitos de defraudación en perjuicio de la Administración Pública y falsedad ideológica reiterada en instrumento público.
El caso tomó estado público tras conocerse que Kategora habría acumulado 3.363 días de licencia a lo largo de 18 años. De acuerdo con la información que trascendió, esas licencias se alternaron con períodos de actividad frente al establecimiento educativo, mientras el docente también figuraba como trabajador de Energía de Misiones (EMSA).
En la denuncia, Castro solicitó que la Justicia incorpore y analice los legajos del imputado, las licencias otorgadas, los salarios percibidos, sus movimientos y viajes al exterior, y su situación dentro de la empresa eléctrica provincial.
En paralelo, el Consejo General de Educación (CGE) mantiene abierto un sumario administrativo iniciado a raíz del caso. La titular del organismo, Daniela López, confirmó que Kategora presentó su renuncia al cargo de director y que el CGE decidió aceptarla, aunque aclaró que esa salida no cierra la investigación interna.
López explicó que durante los años analizados hubo períodos de licencia interrumpidos por regresos a la actividad y posteriores nuevos pedidos. En 2019, el CGE había detectado que el docente superó los plazos permitidos y le aplicó un descuento del 50% de sus haberes. También se supo que en 2022 Kategora intentó jubilarse, pero la gestión no prosperó porque no cumplía con los requisitos.
Uno de los puntos que podría cobrar relevancia en la investigación es la documentación médica presentada para justificar las licencias. Desde el CGE señalaron que deberán verificarse los certificados e historias clínicas para determinar si fueron confeccionados y validados correctamente. López advirtió que, de comprobarse adulteraciones en certificados, firmas o diagnósticos, las responsabilidades podrían extenderse a quienes hubieran intervenido en su confección o validación, más allá del propio docente.
En forma simultánea, el CGE ordenó una revisión de las licencias prolongadas actualmente vigentes entre docentes de la provincia, con el objetivo de reforzar los controles sobre las ausencias laborales de larga duración.
Con la presentación de Castro, el caso dejó el ámbito puramente administrativo y quedó bajo análisis de la Justicia penal, que deberá determinar si las irregularidades señaladas configuran alguno de los delitos planteados en la denuncia.
Con informacion de Misiones Online.