El proyecto de ley de emergencia yerbatera que productores de Misiones impulsan en la Legislatura provincial enfrenta un cuestionamiento desde el sector laboral de la actividad. Los tareferos reclaman ser incluidos en el debate y advierten que la crisis del sector los golpea con mayor fuerza que a los propios propietarios de las chacras.
Ana Cubilla, secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), expuso la situación de los cosecheros ante el medio especializado Bichos de Campo. Señaló que, mientras el valor paritario por tonelada cosechada está fijado en 80.000 pesos, los productores pagan en promedio entre 40.000 y 45.000 pesos, alegando falta de recursos para afrontar los costos laborales.
«Acá pareciera que hay una sola víctima, que es el productor, y la realidad es que hay dos. Lo que sucede es que, entre ellas, una es más víctima que la otra. El productor, dentro de todo, tiene su chacra, tiene su chancho para comer. El trabajador no, porque no tiene trabajo y, cuando lo tiene, recibe apenas el 50% de lo que debería ganar según la paritaria», declaró Cubilla.
El eje central del reclamo gremial apunta al funcionamiento del convenio de corresponsabilidad gremial. Bajo ese esquema, se descuentan 44 pesos por cada kilo de hoja verde producido, fondos que deben destinarse a la seguridad social, la obra social y la registración formal de los trabajadores rurales.
Sin embargo, según denunció la dirigente, esos recursos no se traducen en prestaciones concretas para los cosecheros. «El año pasado la corresponsabilidad representó 41 pesos por kilo de hoja verde. Cosechamos mil millones de kilos, de los cuales 41.000 millones de pesos se fueron a una caja, manejada por UATRE, RENATRE y OSPRERA, para la seguridad social del trabajador. Sin embargo, no vino ni siquiera en un Geniol. En realidad, nunca viene. Es plata que se paga, pero nosotros no recibimos ninguna contraprestación», afirmó Cubilla.
De acuerdo con la dirigente, ante la falta de cobertura real de las obras sociales sindicales, los trabajadores terminan recurriendo a la asistencia informal de los empleadores para resolver urgencias de salud. El sindicato también advierte que la crisis de ingresos provocó un éxodo de mano de obra: estima que unos 40.000 trabajadores se trasladaron a Brasil en busca de mejores condiciones laborales y salarios más competitivos.
Frente a este panorama, la propuesta concreta del SUOR es suspender el cobro del canon de corresponsabilidad y redireccionar esos recursos al pago de la tarifa de cosecha. «Lo que salimos a pedir, de cara a ese proyecto que se presentó, es que, en vez de quitarnos esos 44 pesos por kilo para la corresponsabilidad, nos den los 80.000 pesos por tonelada que corresponden, y no ese 50% que hoy recibimos», detalló Cubilla.
La dirigente fue enfática respecto a la necesidad de participar en el debate legislativo. «No queremos que se cuente una sola campana en esto y por eso las organizaciones sindicales salimos al cruce. Si no entramos ahora en esta discusión, cuando la cosa está caliente, nos quedamos nuevamente afuera. Lo que decimos sobre ese proyecto de ley es que hay que poner eso blanco sobre negro, provincializar los recursos de los productores», señaló. Y agregó: «Nosotros queremos tocar el sistema. Ya que todo se desregula, estamos planteando que este sector también se pueda tocar».
El proyecto original de emergencia yerbatera, presentado ante el gobernador Hugo Passalacqua y remitido luego a la Legislatura, contempla un régimen de protección para productores minifundistas con explotaciones de hasta 50 hectáreas, un precio de sostén para la materia prima y herramientas financieras para evitar el abandono de las chacras familiares. El debate parlamentario se encuentra demorado por reconfiguraciones en los bloques del oficialismo provincial, una coyuntura que las organizaciones de tareferos planean aprovechar para forzar la inclusión de sus demandas en el texto final.
Con informacion de AgroMisiones.