El Gobierno nacional tiene previsto instalar una nueva estación de cobro sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de Puerto Rico, en el marco de la Red Federal de Concesiones, que privatizaría ese corredor por 20 años. La medida generó el rechazo del Comité de Defensa del Usuario Vial, cuyo coordinador nacional, Ricardo Lasca, la calificó de inconstitucional y reclamó a las autoridades provinciales que interpongan recursos legales para frenarla.
Lasca dialogó con el programa Primer Día, del stream de Misiones Online y Radio Libertad, y cuestionó de fondo la figura del peaje tal como la aplica el Estado nacional. Según sostuvo, un peaje genuino requiere que exista un camino alternativo libre de pago y que financie una obra ya concluida. En este caso, a su entender, ninguna de esas condiciones se cumple. «Esto no es peaje, esto es un impuesto al tránsito que afecta el costo de transporte y, por ende, todos los precios de la economía», afirmó.
El especialista señaló que el impacto no recae solo sobre quienes tienen vehículo propio, sino sobre el conjunto de la población, porque el encarecimiento de la logística se traslada a los precios de los productos y a las tarifas del transporte de pasajeros. «Usted compra un kilo de yerba y está pagando el peaje, cuando toma un micro, en el pasaje está incluido el peaje», ejemplificó.
Lasca rebatió además el argumento oficial de que el Estado carece de fondos para mantener la infraestructura vial. Según detalló, el impuesto a los combustibles recauda más de 3.500 millones de dólares por año, dinero que, a su criterio, debería destinarse a obras viales. «La plata está, es el impuesto a los combustibles que recauda más de 3500 millones de dólares por año», dijo, y calificó la situación de «doble imposición».
El referente trazó un paralelo con el modelo de privatizaciones de los años noventa y advirtió que el esquema actual sería aún más perjudicial. Cuestionó también las promesas de inversión privada: «Encima se nos burlan en la cara diciendo que va a haber inversión, la inversión no es privada y aparte solo contempla el corte de pasto y bacheo, o sea, un maquillaje».
En cuanto al impacto sobre el transporte de cargas, Lasca indicó que bajo el nuevo esquema «un camión va a estar pagando entre 20 a 30 mil pesos en cada estación de cobro», a lo que se suman los costos de combustible, patente, seguro e impuestos. Como referencia de escala, mencionó que un camión que circule entre la Capital Federal y Bahía Blanca pagaría cerca de 30 millones de pesos al año solo en peajes.
En el plano institucional, el coordinador recordó que diversas asociaciones civiles presentaron proyectos de ley para auditar los fondos viales, pero que esas iniciativas no avanzaron en el Congreso. También señaló que «hace 17 años que no hay Defensor del Pueblo a nivel nacional».
Por último, Lasca criticó que el presidente Milei haya transferido el control de las rutas a las provincias, desligándose —según su lectura— de obligaciones constitucionales. «Lo que se recauda se gasta en el costo operativo del cobro de ese falso peaje y no se vuelca plata al camino», concluyó.
Con informacion de Misiones Online.