La justicia penal federal en Misiones estrenó este lunes un esquema de funcionamiento radicalmente distinto al que rigió durante décadas. La entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas marca el fin del sistema inquisitivo y el inicio de un modelo acusatorio basado en la oralidad, la publicidad de los actos procesales y la separación clara de roles.
Bajo el nuevo esquema, los fiscales tienen a su cargo la conducción de las investigaciones y la recolección de pruebas. Los jueces, en tanto, pasan a cumplir una función de garantía del proceso y resolverán en audiencias públicas, sin intervenir en la investigación.
La reforma también modifica la estructura orgánica del Ministerio Público Fiscal. Las fiscalías de primera instancia y las fiscalías generales tradicionales desaparecen y son reemplazadas por unidades operativas especializadas, orientadas a dar respuesta rápida a las víctimas y a abordar con mayor eficacia causas de alta complejidad, como el narcotráfico y el crimen organizado.
Mediante la Resolución PGN 59/26, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, creó la Fiscalía de Distrito de Misiones. Al frente de esa estructura quedó designada como fiscal general coordinadora Vivian Andrea Barbosa. La fiscal general interina Silvina Flavia Gutiérrez fue nombrada como revisora, y Pablo Ricardo Di Loreto como suplente.
La cobertura territorial se organizó en cuatro nodos estratégicos distribuidos en la provincia. Para las zonas norte y centro, la Procuración designó de manera interina al fiscal general adjunto Marcelo José Bernachea, quien trabajará en coordinación con las sedes de Eldorado y Oberá.
El cambio de sistema no modifica la tramitación de los juicios por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Esos procesos seguirán bajo la representación de Vivian Andrea Barbosa y del personal de apoyo, en articulación con la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la PGN. La resolución establece que, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, se mantendrá la asignación de recursos humanos destinados a esas causas.