Ante la decisión del Gobierno nacional de permitir que las provincias avancen en el bloqueo de celulares clandestinos en establecimientos penitenciarios, el Servicio Penitenciario Provincial de Misiones salió a explicar cómo gestiona actualmente las comunicaciones de los internos y dejó en claro que, por el momento, seguirá con su propio esquema.
El alcaide general René Alfredo Ledesma, jefe de la División Régimen Correccional, dialogó con FM 89.3 Santa María de las Misiones y detalló que las ocho unidades penitenciarias de la provincia aplican un protocolo de llamadas que arrancó durante la pandemia y fue ajustándose con los años. «Nosotros por ahora seguimos con nuestro sistema», afirmó, y aseguró que el mecanismo «funciona».
El sistema no implica que los internos tengan celular de libre acceso. Según explicó Ledesma, la autorización se analiza caso por caso, principalmente cuando el detenido tiene poco contacto familiar o dificultades para recibir visitas. El servicio social de cada unidad elabora un informe y el personal penitenciario decide si corresponde habilitar el acceso. La familia, además, debe presentar la factura del equipo.
Otra medida en marcha apunta a reemplazar progresivamente los smartphones por teléfonos analógicos, similares a los modelos más antiguos, con funciones mucho más limitadas. El objetivo, según indicó Ledesma, es reducir el acceso a redes sociales y herramientas digitales, especialmente en casos de personas condenadas por delitos cometidos a través de medios tecnológicos.
Los equipos autorizados no quedan en manos de los internos todo el día. El teléfono y el chip permanecen bajo custodia del SPP y se entregan solo en el horario habilitado. «Los internos desarrollan su horario de teléfono en las unidades dos horas por día», precisó Ledesma. En la mayoría de los establecimientos, ese margen va de las 18 a las 20, aunque pueden contemplarse excepciones justificadas, como la enfermedad de un familiar o los horarios laborales de quienes están en libertad.
Antes de utilizar el dispositivo, el interno firma un acta de compromiso en la que se establece que solo podrá comunicarse con familiares y con su defensor, y que quedan prohibidos el uso de redes sociales y billeteras virtuales. Al terminar el horario, debe informar a quién llamó y eso queda registrado en un libro de llamadas. El SPP también realiza controles aleatorios: el propio interno enciende el equipo y muestra su contenido para verificar que no haya aplicaciones o usos no autorizados.
Cuando en una requisa aparece un celular que no está en el sistema habilitado, el dispositivo es incautado. Si alguien se responsabiliza por él, se procede al secuestro y se da intervención a la Justicia. Los equipos autorizados, en cambio, son fácilmente identificables porque están registrados y guardados junto a sus chips.
Es precisamente sobre esos teléfonos clandestinos donde podría incidir el nuevo esquema nacional, si Misiones decidiera adherirse. Consultado al respecto, Ledesma evitó adelantar una posición sobre una eventual adhesión y defendió el modelo vigente. «A nosotros nos funciona», señaló.
Al mismo tiempo, subrayó que la política penitenciaria no se reduce al control tecnológico. «Acá son personas que se han equivocado en la vida y hay que ir controlándolos y darles la oportunidad de que cambien», expresó, y destacó la educación y el vínculo familiar como pilares del proceso de reinserción. «Si verdaderamente no tiene contacto con la familia o los seres queridos, no va a salir una persona mejor de lo que entró», sostuvo.
Mientras cada provincia evalúa si se suma al mecanismo impulsado por la Nación, Misiones mantiene por ahora su sistema propio: dispositivos registrados, horarios restringidos, custodia penitenciaria y seguimiento individual de cada interno autorizado.
Con informacion de Primera Edicion.