El Consejo General de Educación (CGE) solicitó intervenir como querellante en el proceso penal que se sigue contra Juan Carlos Kategora, exdirector de la Escuela 733 de Colonia Paraíso, en San Vicente. La presentación ingresó ante el Juzgado de Instrucción 1 bajo el expediente número 141453/26.
Para concretar ese paso, el CGE autorizó al director de Asuntos Legales, Arturo José Irigoyen Cúndom, a constituirse como querellante particular, con facultades para impulsar el proceso y presentar y producir prueba en la causa penal.
La denuncia penal había sido radicada el 13 de este mes por el diputado provincial Cristian Castro en ese mismo juzgado. Según la presentación del legislador, los delitos imputados son defraudación en perjuicio de la Administración Pública —artículo 174, inciso 5 del Código Penal— y falsedad ideológica reiterada en instrumento público —artículo 293—. Castro dejó abierta, además, la posibilidad de que la investigación determine otras responsabilidades penales.
El caso se hizo público luego de que trascendiera que Kategora, designado director en 2004, acumuló —según datos aportados por el propio CGE— 3.363 días de licencia por enfermedad de largo tratamiento y otros 639 días por distintos conceptos: enfermedades comunes, atención de familiar enfermo y períodos de cambio de tareas. El total supera los 4.000 días, equivalente a casi 18 años sin presentarse en la escuela. Durante ese mismo período, Kategora formó parte de la planta de EMSA y publicó en sus redes sociales fotografías de viajes a Dubai y Aruba.
Tras conocerse el escándalo, Kategora renunció a la dirección de la escuela, cargo desde el que tramitaba su retiro extraordinario. Sin embargo, el CGE mantuvo el sumario administrativo abierto en su contra y esta semana, mediante la Resolución 5248, fue más lejos: ordenó reubicar en otro cargo a Marcela Evangelina Max, pareja del docente, e inició un sumario administrativo contra ella «a fin de investigar presunto incumplimiento laboral y presunta participación en irregularidades vinculadas al otorgamiento de licencias».
Max es maestra de nivel primario y cumplía funciones con reducción horaria del 50% por padecer una patología irreversible. Estaba asignada por cambio de tarea —hasta noviembre de este año— en el nodo San Vicente de la Dirección de Salud Laboral del CGE, precisamente el área que controla y autoriza las licencias de todos los docentes de la provincia.
Según las constancias reunidas por el organismo, «surge que Max habría tomado intervención en los trámites a través de los cuales se otorgaron las licencias presuntamente irregulares a su cónyuge, Kategora», por lo que se consideró «necesario y oportuno» extender la investigación para determinar las responsabilidades administrativas que pudieran corresponderle.
El CGE dispuso separar en forma preventiva y provisoria a Max de su puesto en Salud Laboral y facultó a la Dirección de Educación Primaria a reubicarla en otra institución u organismo dependiente del Consejo mientras dure el sumario.
Otro eje de la investigación es determinar si Kategora efectivamente cumplía tareas en EMSA o si también estaba de licencia en esa empresa durante los años en cuestión. El CGE solicitó información a la firma, y si bien su titular confirmó haber recibido el informe, no dio precisiones sobre su contenido.
Con informacion de Primera Edicion.