El mercado de activos ambientales fue el eje central del Seminario 80° Aniversario de la Asociación Forestal Argentina (AFoA), celebrado en Posadas bajo la moderación de Carlos Scarnichia, presidente de la Regional Misiones de la entidad. El encuentro reunió a referentes del sector privado y funcionarios públicos para analizar el potencial de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS), los proyectos de conservación y la arquitectura regulatoria del país.
Federico Moyano, director de ProSustentia, abrió el panel con una proyección de escala nacional: estimó que si se incorporara apenas el 10% de las tierras potencialmente disponibles al mercado, con un valor de referencia de USD 20 por crédito, Argentina podría generar más de USD 1.000 millones anuales durante los próximos 20 años, sin contar la inversión inicial necesaria para poner en marcha los proyectos. Actualmente existen más de 30 iniciativas de NBS en distintas etapas de desarrollo en el país.
Lucía Larrea, directora de Comercialización de Nideport, presentó el proyecto Selva Paranaense Vida Nativa, una iniciativa de conservación verificada sobre 22.878 hectáreas en San Pedro, Misiones. En 2025 concretó su primera emisión de 137.742 créditos de carbono, combinando restauración biológica, protección de especies amenazadas y herramientas de monitoreo satelital, drones y sistemas de alerta temprana.
Desde el sector público, Silvia Kloster, directora general de Gestión, Desarrollo Sostenible e Innovación de Misiones, expuso los avances del Programa Jurisdiccional JNR REDD+ de la provincia, desarrollado bajo metodología Verra. Kloster detalló los esquemas de Medición, Reporte y Verificación (MRV), las salvaguardas sociales y los mecanismos de distribución de beneficios para valorizar la reducción de emisiones por evitar la deforestación del bosque nativo misionero.
El diagnóstico más crítico lo planteó Sebastián Fragni, especialista de GMF Nature-Based Solutions: «Cada hectárea forestada de este país ya está capturando carbono. Casi ninguna lo está cobrando».
Según las estimaciones de GMF, Argentina tiene un potencial de captura de 33,5 millones de toneladas de CO₂ equivalente por año. Ese volumen representa USD 335 millones anuales en el mercado voluntario, pero podría escalar a USD 1.800 millones si el país accediera a los mercados de cumplimiento regulados por el Artículo 6 del Acuerdo de París y el sistema CORSIA de la aviación internacional.
«La diferencia no es técnica: producimos a 7 dólares la tonelada, nos pagan 6 en el mercado voluntario y el mundo regulado paga 50 dólares. Lo que falta es la habilitación estatal», señaló Fragni.
Esa brecha entre lo que cuesta producir y lo que paga el mercado voluntario es uno de los problemas centrales del sector. Producir una tonelada de carbono en proyectos de escala en Argentina cuesta entre USD 7 y USD 23, pero el mercado voluntario abona entre USD 6 y USD 22 por tonelada, un valor que no siempre cubre el costo del capital invertido a largo plazo. En contraste, mercados regulados como el de Singapur, CORSIA o el mecanismo CBAM de la Unión Europea pagan entre USD 27 y USD 90 por tonelada.
Fragni lleva adelante en Corrientes dos proyectos con trayectoria en el mercado de carbono: Santo Domingo y San Francisco. En el primero, sobre 3.405 hectáreas en Ituzaingó, la empresa generó 451.000 tCO₂ de secuestro verificado entre 2017 y 2025, mientras mantenía la producción maderera y de resina. El caso San Francisco, de perfil silvopastoril, demostró que es posible producir carne carbono neutro con un balance neto positivo de +211 tCO₂e al año sin reducir la carga animal.
El especialista también destacó el potencial de Corrientes: la provincia concentra 516.000 hectáreas forestadas —el 36,5% del total nacional— y el humedal del Iberá, con 1,3 millones de hectáreas, aportando entre 3 y 5 millones de toneladas de CO₂ al año, lo que equivaldría a entre USD 150 y USD 250 millones anuales en divisas.
En cuanto a nuevas tecnologías, Fragni presentó el biochar como un dinamizador del negocio forestal. A través de la pirólisis lenta de residuos de cosecha, la planta AFOR Biochar en Virasoro transforma desechos forestales en créditos de remoción durable —cotizados entre USD 125 y USD 145 por tonelada— y en biochar físico para uso agropecuario e industrial.
Desde GMF identificaron cuatro obstáculos que explican por qué el mercado no termina de despegar en Argentina: el precio voluntario insuficiente que no remunera el riesgo de largo plazo; la ausencia de una norma nacional que defina la propiedad del crédito de carbono; la falta de una Autoridad Nacional operativa con registro y procedimiento de autorización para acceder a los mercados regulados; y la existencia de normativas provinciales que, al no contemplar el ajuste correspondiente, impiden crear un activo exportable.
En ese último punto, Fragni tomó posición sobre la controversia con el Programa Jurisdiccional REDD+ de Misiones: «El crédito de carbono es un fruto civil que pertenece al titular privado, no a las provincias».
Con informacion de Misiones Online.