La Legislatura de Misiones tiene sobre la mesa un proyecto que declararía la emergencia de la producción primaria yerbatera en toda la provincia. La iniciativa, denominada «Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera», establece un régimen extraordinario de 360 días y apunta de manera directa a los productores con hasta 50 hectáreas implantadas, un segmento que representa aproximadamente al 90% de los yerbateros misioneros y que aporta cerca del 35% de la hoja verde cosechada.
La diputada provincial Arabela Soler, del bloque Movimiento por lo que Viene, es una de las principales impulsoras de la propuesta. Según explicó, el texto fue elaborado durante meses junto a los propios productores. «El proyecto lo trabajaron los productores yerbateros durante muchos meses, con el acompañamiento de nuestro bloque, especialmente me involucré, también participó el diputado Cristian Castro del Pays y el primer paso será declarar la emergencia yerbatera en la provincia», detalló la legisladora. Agregó que «esa situación ya dota de herramientas desde el Ejecutivo para que acompañe este defecto del mercado o problema sistémico económico que tenemos por la yerba mate».
El eje central del proyecto es la creación de un Precio Mínimo Sostén obligatorio para la hoja verde. Este valor deberá ser respetado por cualquier persona física o jurídica que adquiera materia prima de los productores alcanzados por la norma. El cálculo contemplará costos directos e indirectos de una explotación eficiente, mano de obra según la normativa laboral vigente, obligaciones tributarias y previsionales, y un margen de utilidad razonable que garantice la sustentabilidad de las unidades productivas.
Para que la inflación no licúe el valor fijado, el precio mínimo deberá actualizarse al menos cada 90 días, con posibilidad de revisiones en plazos menores si las condiciones del mercado lo justifican.
Soler fue enfática al explicar por qué la yerba mate no puede equipararse a otros productos agrícolas: «No se trata de una diferencia o problema de negociación entre los privados. Hay un mercado que es diferente, irregular, que no es un producto commodities, que no tiene un precio mundial, por lo tanto, lo que dice Nación de que el precio se acomoda, es equivocado y nuestra obligación es ocuparnos de lo que les impacta a los productores».
La fundamentación del proyecto señala que durante más de veinte años la cadena yerbatera funcionó bajo la Ley Nacional 25.564, que facultaba al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) a fijar precios mínimos de referencia y equilibrar las asimetrías entre productores e industria. Ese marco, según indica el texto, fue desarticulado por el DNU 70/2023 y profundizado por el Decreto 812/2025, dejando a la provincia sin herramientas nacionales de arbitraje.
El proyecto prevé un esquema de fiscalización con amplias facultades para la autoridad provincial: auditorías de contratos, liquidaciones y registros contables, y sistemas de trazabilidad física y financiera. Todo contrato que fije un precio inferior al mínimo será declarado inoponible, y el comprador deberá abonar la diferencia.
Las infracciones —comprar por debajo del precio mínimo, simular operaciones o presentar datos falsos— podrán sancionarse con apercibimientos, multas, suspensión de registros provinciales o inhabilitación para acceder a programas de financiamiento y beneficios fiscales de Misiones. Además, el texto incluye una cláusula que impide el fraccionamiento formal de propiedades mayores a 50 hectáreas pertenecientes a un mismo grupo económico o titulares vinculados, para evitar maniobras elusivas.
Con informacion de AgroMisiones.