El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzará a regir este sábado 5 de septiembre en todo el país, y Misiones ya trabaja en su implementación. La titular de la Fiscalía Correccional y de Menores Uno de Posadas, María Laura Álvarez, explicó el alcance de la normativa y cómo funcionará en la provincia.
La ley —identificada como Ley 27.801— alcanza a adolescentes de entre 14 y 17 años que enfrenten una imputación penal. Su eje central no es el encierro sino la responsabilización, la educación y la reinserción social. «La ley tiene una finalidad educativa, de responsabilizar al menor por sus actos y lograr su reinserción», señaló Álvarez.
La fiscal subrayó que los adolescentes no son tratados como adultos dentro del sistema penal, dado que atraviesan una etapa de formación. En ese marco, el régimen incorpora herramientas como la mediación penal juvenil, las tareas comunitarias y la posibilidad de suspender el proceso a prueba, todas enmarcadas en un enfoque de justicia restaurativa.
En Misiones, la aplicación del sistema implicará un trabajo coordinado entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y organismos de Educación, Salud, Desarrollo Social, Deportes, Trabajo y los municipios, con seguimiento individualizado de cada caso.
Sobre la privación de la libertad, Álvarez fue clara: se trata de una medida excepcional, reservada para situaciones de especial gravedad. «La ley prevé la responsabilización, pero su educación y reinserción no van a desarrollarse en una cárcel. La privación de la libertad aparece como una medida excepcional», sostuvo. Los casos que podrían derivar en encierro son, según indicó, hechos como homicidios o abusos sexuales. La normativa fija además un máximo de quince años de prisión para adolescentes y prohíbe la reclusión perpetua.
En cuanto al volumen de causas, la fiscal precisó que el Juzgado Correccional recibe alrededor de 600 expedientes por año, de los cuales aproximadamente el 10% involucra a menores. Las infracciones más frecuentes son amenazas, lesiones, hurtos y algunos robos.
Respecto a las perspectivas de reinserción, Álvarez se mostró optimista: «Creo que puede haber un 80% de reinserción. Generalmente, los menores que cometen delitos, incluso algunos graves, se reinsertan».
El nuevo régimen entró en vigencia tras cumplirse los 180 días desde su publicación en el Boletín Oficial, conforme a lo establecido en el artículo 52 de la ley.