Tres de las principales empresas de servicios petroleros del mundo —la francesa SLB y las estadounidenses Baker Hughes y Halliburton— confirmaron que no participarán en proyectos de exploración ni extracción de hidrocarburos en las Islas Malvinas ni en los espacios marítimos circundantes. Los anuncios se produjeron tras la publicación del Decreto 868/26 y el discurso del presidente Javier Milei del jueves pasado.
La Cancillería difundió los comunicados de las tres compañías. A través de Schlumberger Argentina S.A., SLB informó: «No está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes», y reafirmó su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes.
Halliburton, por su parte, señaló que «desarrolla sus operaciones en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones de la República Argentina». Baker Hughes indicó que «no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las islas Malvinas».
YPF también se pronunció sobre la situación a través de sus redes sociales: «Que las principales compañías de servicios del mundo (SLB, Halliburton, Baker Hughes) sigan apostando por YPF y por la Argentina es una señal muy clara de todo lo que tenemos por delante».
Las tres compañías ya se habían mantenido al margen del proyecto Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas Petroleum —con el 65% de participación— y la británica Rockhopper Exploration —con el 35% restante—. Pese a los anuncios del Gobierno argentino, ambas empresas señalaron el viernes que las sanciones no modificarán su cronograma y que continuarán adelante con el proyecto.
En su discurso del jueves, Milei afirmó que «las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos, por historia y por derecho». Además de anunciar el decreto, el Presidente adelantó la construcción de una base naval en Ushuaia y el envío al Congreso de un proyecto de ley para modificar la Ley 26.659, con el objetivo de endurecer las sanciones y ampliar su alcance a empresas que presten servicios a compañías que realicen explotaciones en la zona.
El decreto reglamentario instruye a los organismos estatales a remitir a la Cancillería información sobre posibles incumplimientos e incorpora declaraciones juradas en trámites hidrocarburíferos y en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
En paralelo, el Gobierno informó el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas. Según informó la Oficina del Presidente, se investiga la presunta violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley 26.659, vinculadas a actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas. Los procedimientos podrían alcanzar también a accionistas y a empresas que hayan prestado servicios para esas operaciones.
Entre las medidas complementarias anunciadas por Milei figuran la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un régimen de protección de infraestructuras críticas, un marco de protección aeroespacial y marítima, y una ampliación de los recursos del Ministerio de Defensa. El Gobierno planteó como objetivo convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur.
Con informacion de Misiones Online.