La Policía de Misiones finalizó la capacitación de sus efectivos en las 15 Unidades Regionales en el marco del nuevo Régimen Penal Juvenil, que entró en vigencia este sábado. La normativa establece que los adolescentes de entre 14 y 17 años pueden ser investigados, juzgados y sancionados penalmente.
El comisario general Sandro Martínez señaló que la articulación con la Justicia fue previa al inicio de la vigencia de la ley. «Los 15 comandos regionales ya están trabajando en eso, ya tuvieron sus capacitaciones y se reunieron con el fuero correspondiente», afirmó el jefe policial.
En la práctica, cuando un procedimiento involucre a un menor de entre 14 y 17 años, la Policía realizará las actuaciones correspondientes y dará inmediata intervención a la Justicia, que determinará las medidas según la gravedad del caso.
El nuevo régimen —la ley 27.801— reemplaza al que regía desde 1980 y prevé un sistema de sanciones graduales: desde amonestaciones, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño, hasta la privación de la libertad en los casos más graves, siempre en establecimientos separados de los adultos. Para delitos de extrema gravedad, como homicidio o violación, la pena puede llegar a 15 años de prisión.
La ley también incorpora componentes de educación, seguimiento y reinserción social, con el objetivo de que los jóvenes asuman responsabilidad por sus actos y cuenten con herramientas para reintegrarse a la comunidad. Desde el Ministerio de Justicia nacional se aclaró que el régimen no implica tratar a los adolescentes como adultos, sino exigirles responsabilidad dentro de un marco que protege sus derechos y garantiza su desarrollo integral.
Misiones cuenta con cuatro Centros Modelo de Asistencia y Seguimiento (Ce.Mo.A.S.) destinados al abordaje de adolescentes en conflicto con la ley, donde se aplicarán las medidas de seguimiento y reinserción que contempla la nueva normativa.
La fuerza provincial también prevé continuar con tareas de prevención mediante charlas en escuelas y barrios dirigidas a jóvenes, padres y docentes, para difundir los alcances de la ley y sus consecuencias.