La Cámara de Representantes de Misiones inició este miércoles el análisis formal del proyecto de ‘Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera’. El texto tomó estado parlamentario la semana pasada a través de la diputada Arabela Soler y comenzará su tratamiento en la comisión de Desarrollo Forestal, Agropecuario y de Cooperativas.
La iniciativa fue elaborada por los propios productores primarios con el apoyo técnico y político del Gobierno de la provincia. Su objetivo central es contrarrestar el impacto de la desregulación económica dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, que a través del DNU 70/23 le quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de fijar precios mínimos semestrales para la hoja verde y la yerba canchada.
Como resultado de ese vacío regulatorio, el kilo de hoja verde se paga hoy entre 210 y 285 pesos, cifra que según las asociaciones de productores representa apenas la mitad del costo real de producción. A eso se suma que los pagos se realizan mayoritariamente con cheques diferidos a largo plazo, lo que complica las finanzas de las economías familiares en los municipios yerbateros.
El proyecto ya cuenta con el respaldo de tres bloques legislativos. El Partido Agrario y Social, representado por el diputado Cristian Castro; el bloque Encuentro Misionero, a través del legislador Sebastián Macías; y la bancada mayoritaria del Movimiento por lo que Viene —con 17 bancas—, cuyos firmantes son Juan Ahumada, Alejandro Arnhold, Rudi Samuel Bundziak, Waldovino Lemes, Roque Soboczinski y la propia Arabela Soler.
Todavía no se conoce la posición formal de la Unión Cívica Radical, Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores, Por la Vida y los Valores, el PRO, Por Misiones, el Partido Libertario y La Libertad Avanza. Analistas del sector estiman que los representantes de esta última fuerza —oficialista a nivel nacional— se opondrían a la intervención provincial, en línea con la política de desregulación de mercados sostenida por la administración central.
En cuanto al contenido de la propuesta, declara el estado de emergencia para la producción primaria yerbatera por el término de un año. El argumento jurídico es que la pérdida de competencias del INYM generó una distorsión de mercado que desprotege al eslabón más débil de la cadena, lo que habilitaría a la provincia a establecer un régimen transitorio sin afectar las atribuciones nacionales.
El mecanismo principal es la creación de un precio mínimo obligatorio —denominado precio sostén— para la hoja verde entregada en secaderos, aplicable exclusivamente a productores con explotaciones de hasta 50 hectáreas.
Para asegurar el cumplimiento, el proyecto contempla un régimen de sanciones que incluye multas, apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones temporales para quienes compren materia prima por debajo del precio sostén, incumplan los plazos de pago o simulen operaciones para evadir la regulación provincial.
Con informacion de AgroMisiones.