El Juzgado Federal de Oberá fue el escenario del debut del sistema acusatorio federal en Misiones. La primera audiencia, celebrada días atrás, correspondió a una causa vinculada con la Ley de Estupefacientes en la que había una persona detenida y otras dos imputadas por una presunta participación de menor grado. El nuevo régimen rige en la provincia desde el 24 de agosto.
El juez federal Alejandro Gallandat Luzuriaga explicó que el cambio implica abandonar la lógica del expediente escrito para avanzar hacia un proceso organizado en audiencias sucesivas, con intervención oral de las partes y decisiones tomadas frente al magistrado en tiempo real.
La audiencia inaugural fue de formalización de la investigación penal preparatoria. Participaron la Fiscalía, la Defensa, las tres personas imputadas y el juez de garantías. La persona detenida estuvo presente de manera física; las otras dos intervinieron de forma virtual. También actuó por primera vez la Oficina Judicial, el organismo encargado de gestionar la agenda y los aspectos administrativos de las audiencias.
Gallandat señaló que el procedimiento transcurrió sin inconvenientes y atribuyó eso a la preparación previa al lanzamiento del sistema.
Uno de los cambios más concretos es la reducción de los tiempos procesales. En la causa de Oberá, la etapa de investigación preparatoria deberá concluir el 1 de diciembre, unos 80 días después de la audiencia inicial. Si la causa llega a juicio, el magistrado estimó que podría existir una sentencia en aproximadamente seis meses. Bajo el régimen anterior, solo la elevación a juicio podía demandar entre seis meses y un año, y el debate posterior extenderse otro año o dos.
El nuevo código también habilita salidas alternativas al juicio oral, como acuerdos abreviados, suspensiones de juicio a prueba y reparaciones integrales, cuando correspondan y sean acordadas por las partes y homologadas por el juez.
En la audiencia de Oberá también se autorizaron medidas de prueba solicitadas por la Fiscalía y se resolvió la situación de la persona detenida. El Ministerio Público Fiscal pidió que cumpliera prisión domiciliaria, al considerar que sus circunstancias personales y la ausencia de riesgos graves de fuga o entorpecimiento lo justificaban.
Sin embargo, Gallandat advirtió sobre dos problemas concretos que condicionan la aplicación del nuevo sistema en la provincia. El primero es la escasez de lugares de alojamiento para detenidos federales. En Misiones, el fuero federal cuenta con la Unidad 17 de Candelaria para varones; para otros casos se recurre a establecimientos provinciales o se solicitan cupos en otras jurisdicciones, como Chaco, Salta o incluso Ezeiza, lo que dificulta el contacto de los detenidos con sus familias. El magistrado subrayó que el nuevo Código Procesal Penal Federal establece responsabilidades para jueces, fiscales y organismos de control cuando una persona permanece alojada en condiciones inadecuadas.
El segundo problema es la falta de tobilleras electrónicas. «Hay esperas de hasta seis meses para conseguir tobillera electrónica», señaló Gallandat, y advirtió que mantener privada de libertad a una persona durante ese período por una razón tecnológica obliga a buscar alternativas. A esto se suma que en ciertas zonas de la provincia la falta de cobertura de señal telefónica puede dificultar el monitoreo de los dispositivos.
La condición fronteriza de Misiones también incide en las decisiones judiciales. Gallandat reconoció que los límites con Paraguay y Brasil, y la facilidad de cruce en algunos puntos, deben ser considerados al evaluar medidas como la prisión domiciliaria, aunque aclaró que las fugas no son habituales. En causas con expectativas de pena elevadas y mayores riesgos pueden adoptarse restricciones más fuertes; en otras, se puede recurrir a controles periódicos, retención de documentación, cauciones u otras obligaciones.
En cuanto al perfil de la conflictividad en su jurisdicción, el magistrado detalló que alrededor del 40% de las causas penales del Juzgado Federal de Oberá están vinculadas de alguna forma con el narcotráfico, y una proporción similar corresponde a investigaciones por infracciones a la Ley de Aduanas, principalmente contrabando o encubrimiento de contrabando. El resto incluye casos de trata de personas, falsificación de documentos y cortes de rutas nacionales, entre otros delitos federales.
Gallandat sostuvo que la situación de Misiones como provincia fronteriza requiere una política específica de fortalecimiento de recursos para la Justicia y los organismos de seguridad.
El juez también fue consultado sobre la suspensión del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. Explicó que, según su conocimiento del planteo, la medida alcanzaba a esa jurisdicción y no implicaba una suspensión nacional. Señaló que la nueva normativa contempla la punibilidad desde los 14 años, frente a los 16 años que establecía el régimen anterior como regla general. Remarcó que el encierro debe ser el último recurso y que las provincias aún no contarían con la infraestructura adecuada para alojar a adolescentes bajo el nuevo esquema.
La implementación del sistema acusatorio federal continuará de manera progresiva en Misiones. La audiencia de Oberá marcó el punto de partida de un cambio que busca hacer más ágil y transparente el proceso penal federal en la provincia.
Con informacion de Misiones Online.