La sesión convocada este jueves en la Cámara de Diputados para tratar la emergencia en discapacidad no pudo abrirse: la oposición reunió 121 legisladores, ocho menos de los necesarios para alcanzar el quórum. El episodio abrió un nuevo frente político para las organizaciones del sector, que ahora dirigen parte de su presión hacia los gobernadores provinciales.
Eduardo Maidana, integrante del Foro Permanente de Discapacidad, dialogó con FM 89.3 Santa María de las Misiones y explicó que el paso siguiente será profundizar el contacto con los mandatarios para que tomen dimensión de lo que está en juego: la continuidad de la emergencia, las pensiones y el financiamiento de las prestaciones. «Estamos trabajando sobre los gobernadores para explicar y decir cuál es la situación de las personas con discapacidad», afirmó.
Según Maidana, varios gobernadores habían manifestado posiciones favorables a los reclamos del sector, pero esas declaraciones no se tradujeron en el acompañamiento legislativo esperado. «Lamentablemente son temas muy importantes y los gobernadores deberían tomar conciencia de que las personas con discapacidad son parte de su ciudadanía», sostuvo.
El dirigente identificó dos grandes focos de preocupación. El primero son las pensiones no contributivas. Aclaró que las organizaciones no defienden beneficios otorgados de manera irregular, pero cuestionó el modo en que, según considera, se instaló una sospecha generalizada sobre todo el sistema. «Parece que tener una pensión es ser un delincuente», afirmó, y marcó una diferencia entre detectar irregularidades concretas y poner bajo sospecha a la totalidad de los beneficiarios.
Maidana aportó algunas cifras propias: estimó que en Argentina hay más de cuatro millones de personas con discapacidad, de las cuales entre un 30% y un 40% atravesarían alguna situación de pobreza, y mencionó alrededor de 240.000 pensiones alcanzadas por revisiones durante la gestión actual. El dirigente aclaró que esos datos corresponden a estimaciones del sector.
El segundo frente son las prestaciones reguladas por la Ley 24.901, que abarca rehabilitación, transporte, hogares, centros educativos terapéuticos, centros de día, estimulación temprana e integración escolar, entre otros. Maidana señaló que el nomenclador nacional fue actualizado en septiembre apenas un 1,7% para todas las modalidades, lo que a su juicio genera un desfasaje entre los valores reconocidos y los costos reales que enfrentan instituciones y profesionales.
«Si se ataca el sistema de pensiones y se ataca el sistema de prestaciones, la gente se queda sin atención, queda a su suerte», advirtió. Su argumento es que una familia puede acompañar los cuidados cotidianos, pero difícilmente pueda absorber por sí sola los costos de medicamentos, rehabilitación o apoyos especializados.
Durante la entrevista también aludió a una investigación sobre presuntas irregularidades dentro del organismo nacional encargado del área y mencionó un supuesto faltante de 157 millones señalado, según dijo, por autoridades nacionales.
El Foro insiste además en que se garantice la continuidad de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo vencimiento Maidana ubicó para el 31 de diciembre. Consideró que la propuesta alternativa impulsada por el oficialismo representaría un retroceso respecto de las garantías vigentes, y describió al Gobierno nacional como «poco propenso al diálogo».
Para Maidana, el Congreso debería ser el ámbito donde se procesen esas diferencias. La imposibilidad de abrir la sesión del jueves, dijo, generó una nueva frustración entre familias, prestadores y personas con discapacidad que aguardaban alguna definición legislativa. Ahora, el sector también exige que los gobernadores conviertan sus posiciones públicas en acompañamientos concretos.
Con informacion de Primera Edicion.