La cadena yerbatera completó su tercera zafra consecutiva sin que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) fijara precios de referencia para la hoja verde ni la yerba mate canchada. El esquema de desregulación establecido por el DNU 70/2023 recortó las atribuciones del organismo y, según advierte el Gobierno provincial, profundizó los desequilibrios entre productores e industria.
El subsecretario de Asuntos Yerbateros de Misiones, Ricardo Maciel, reclamó que el Poder Ejecutivo nacional revierta esa situación y devuelva al INYM sus facultades regulatorias. Para el funcionario, el problema central no es un exceso de producción sino la concentración del poder de compra en un grupo reducido de grandes empresas.
«La oferta no es el problema. Lo que hoy hay es una imposición de precio de cuatro o cinco empresas grandes que ponen las condiciones del negocio», afirmó Maciel.
El funcionario señaló que los volúmenes de acopio de hoja verde se mantuvieron históricamente entre 800 y 880 millones de kilos en la última década, con un pico en 2024, y que esos datos no justifican por sí solos la caída de precios. A su criterio, la raíz del problema está en la capacidad de negociación que perdieron los productores al quedar sin un ámbito institucional de concertación.
Maciel reclamó una respuesta del Gobierno nacional y mencionó a distintas áreas con competencia en el tema. «Amerita ser atendida y considerada por el Ministerio de Economía, por el Ministerio de Regulación o el mismo presidente de la Nación», expresó.
Sobre la vía más directa para resolver la situación, fue contundente: «La salida más directa, más práctica y más rápida es que el presidente de la Nación nos devuelva esas facultades al instituto».
El subsecretario también rechazó el argumento de que recuperar esas atribuciones implicaría mayor gasto público. Recordó que el INYM se financia con recursos propios generados por la actividad yerbatera y que «no le quita recursos» al Estado nacional.
Las dificultades económicas en las chacras tienen un impacto directo sobre los trabajadores rurales. Maciel alertó que los tareferos son uno de los sectores más afectados por la crisis.
«Terminamos la tercer zafra bajo este modelo de libre mercado y la situación del productor realmente es muy compleja», sostuvo.
«Muchos tareferos tengan que ir a buscar trabajo en Brasil o estén trabajando en forma muy condicionada y muy precaria porque el productor no tiene los valores como para poder hacer frente a todas las obligaciones», advirtió.
En paralelo a la discusión sobre las atribuciones del organismo, la última reunión del directorio del INYM generó tensiones internas. Por mayoría, se aprobó la designación de responsables para las áreas de Gerencia General y Auditoría, una decisión que la representación provincial rechazó.
Maciel explicó que su oposición se basó en los antecedentes judiciales de la persona designada para la conducción administrativa. «Considerábamos que no era prudente que alguien que haya hecho juicio a la institución vuelva a ejercer la principal función administrativa del organismo», argumentó.
El funcionario también cuestionó el voto favorable de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) a esa designación. «Me sorprende mucho la posición de UATRE, que está padeciendo la situación de política nacional hacia el sector tarefero, y que esté alineado al Gobierno nacional acompañando también en esta decisión», expresó.
Las tensiones en el directorio reflejan un momento crítico para el sector yerbatero, donde la discusión ya no se limita a los precios sino que abarca la representación institucional, la administración del organismo y las condiciones laborales y económicas de toda la cadena.
Con informacion de AgroMisiones.