Misiones pagará con fondos propios las movilidades jubilatorias del IPS que la Nación dejó de financiar

La Cámara de Representantes de Misiones aprobó una modificación a la Ley VII N.º 103 para garantizar el pago de las movilidades jubilatorias pendientes a los beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS). La medida fija un cronograma con fechas y porcentajes concretos, en respuesta a la interrupción de los aportes nacionales al sistema previsional provincial.

El diputado José Luis Pastori, del Movimiento por lo que Viene, explicó que la iniciativa surgió de mesas de trabajo realizadas los días 2, 9 y 16 de septiembre, con participación de legisladores, sindicatos, gremios y representantes de jubilados y pensionados. «Hemos plasmado en un proyecto de ley un cronograma cierto, previsible, con fechas establecidas y porcentajes definidos», afirmó el legislador.

Según los fundamentos del proyecto, la deuda de la Nación con la caja previsional misionera rondaba los $300 mil millones a fines de 2024. Pastori vinculó ese reclamo con el Pacto Federal de 2016, que estableció compromisos de financiamiento para las provincias que mantuvieron sus propias cajas previsionales. Según indicó, desde 2024 la Nación dejó de enviar esos fondos, lo que generó créditos relacionados con las actualizaciones salariales de los trabajadores activos.

El cronograma aprobado prevé tres etapas: en noviembre de 2026 la Provincia abonará al menos el 25% de las movilidades adeudadas; en marzo de 2027 ese porcentaje llegará como mínimo al 50%; y en julio de ese mismo año se completará la totalidad de los aumentos pendientes. Pastori aclaró que los plazos podrían adelantarse si la Provincia cuenta con los recursos necesarios.

El beneficio alcanza a todos los jubilados y pensionados del IPS, sin distinción por actividad o sector laboral.

La norma también ratifica los decretos provinciales 191/23 y 830/24, y faculta al Poder Ejecutivo a suscribir acuerdos con el Estado nacional y la Anses para financiar el déficit previsional, con la posibilidad de utilizar fondos de la Coparticipación Federal como garantía.