El juez de Instrucción 1 de Puerto Rico, Leonardo Manuel Balanda Gómez, dispuso la semana pasada la prisión preventiva de una mujer de 50 años imputada por el delito de «abuso sexual gravemente ultrajante» contra un adolescente de 13 años, según informaron fuentes judiciales. Tras la resolución, el magistrado ordenó su traslado al Instituto Correccional de Mujeres (Unidad Penal V) de Posadas.
El juez consideró que, en esta etapa de la investigación, existen elementos suficientes para sostener la probable participación de la imputada en el hecho denunciado, sin que ello implique un pronunciamiento definitivo sobre su responsabilidad penal.
De acuerdo con la acusación, el episodio habría ocurrido el 19 de marzo de 2026, a las 16, en el barrio Florida de la localidad de El Alcázar. Según el expediente, la mujer se habría presentado en el domicilio del adolescente en aparente estado de ebriedad. Ante las dificultades que presentaba para caminar, la madre del menor le habría pedido a su hijo que la acompañara hasta su vivienda, ubicada a unos cinco minutos de distancia.
Durante el trayecto, según la imputación, la mujer le habría dicho al adolescente que «era lindo para ella» y, al llegar a su casa, lo habría invitado a entrar alegando que «tenía miedo de caerse» por falta de iluminación. Una vez adentro, lo habría llevado a una habitación donde, cuando el menor manifestó querer irse, lo habría sujetado de la remera, empujado sobre una cama y sometido a un contacto sexual sin su consentimiento.
La imputación también sostiene que, cuando el adolescente intentó retirarse, la mujer lo habría amenazado de muerte para que no contara lo ocurrido.
Otro episodio incorporado a la causa habría sucedido días después, cuando ambos coincidieron en una vivienda del mismo barrio. Allí, según la acusación, la imputada habría hecho referencias al hecho delante de otras personas, lo que habría provocado que el adolescente se retirara llorando.
Entre los elementos de prueba valorados por el magistrado figura la entrevista realizada al menor mediante el dispositivo de Cámara Gesell, en la que el adolescente ratificó lo expuesto en la denuncia presentada por su madre.
Para fundar la prisión preventiva, el juez tuvo en cuenta, entre otros factores, que el delito atribuido prevé una escala penal de entre 4 y 10 años de prisión y que, ante una eventual condena, no correspondería en principio una pena de ejecución condicional.
Con informacion de Primera Edicion.