La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) junto a un grupo de empleados cesanteados se movilizó este jueves frente a las oficinas de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) en Misiones para repudiar los despidos que forman parte de una reestructuración del organismo a nivel nacional.
Miriam López, secretaria general de ATE provincial, explicó que en Misiones hay 16 trabajadores despedidos sobre un total de 1.450 en todo el país. Señaló además que más de 10 de ellos son afiliados al gremio, y que uno de los cesanteados pertenece a la delegación de Iguazú y cuenta con tutela gremial por integrar la conducción sindical.
López advirtió que la disputa no se limita a los puestos de trabajo: según sostuvo, los despidos también amenazan la continuidad de una obra social que cubre a miles de familias en todo el país. Respecto al vínculo con las autoridades, afirmó que «se quebró el diálogo» desde el inicio por parte del gobierno nacional. En cuanto a la actitud de los responsables locales durante la protesta, fue categórica: «No salió nadie, hay una indiferencia total, hay un odio, se manejan con un odio».
Desde el plano jurídico, el gremio unificó la defensa con la conducción nacional y las seccionales, presentando cartas documento tanto a IOSFA como al Ministerio de Defensa, además de amparos judiciales.
Tres de los trabajadores afectados relataron cómo se enteraron de los despidos. «El comunicado llegó el viernes a la noche, empezaron a llegar por correo electrónico las notificaciones de despido, el cual todos nos enteramos de esa forma», dijeron, y describieron la noticia como «un baldazo de agua fría».
Los empleados cuestionaron el mecanismo utilizado por el organismo para efectivizar las desvinculaciones: «Nosotros somos personal de planta permanente desde el año 2023. Lo que se hizo es revocar un pase a planta permanente que estaba homologado y nos vuelven al sistema de contrato. Al ser contratados, nos hacen finalizar el contrato el día 30 de noviembre y ahí nos despiden, el cual nosotros no firmamos ningún contrato desde el 2023».
Sobre la situación actual, señalaron que reina la incertidumbre: «Nadie te dice nada, es una incertidumbre total. Estamos a la espera de ver qué sigue pasando, si trabajamos hasta el 30 de noviembre o si seguimos».
Los trabajadores indicaron que el conflicto se profundizó después de que Gendarmería y Prefectura se separaron de IOSFA, lo que redujo la cantidad de afiliados a menos de la mitad del padrón original y motivó los recortes. «Ellos aducen a que somos demasiados empleados los que quedamos a nivel nacional para la cantidad de afiliados, pero el recorte lo hacen de forma ilegal porque la mayoría de los que quedamos sin trabajo somos de planta permanente», concluyeron.
Con informacion de Primera Edicion.