El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 8 de Misiones, a cargo de la jueza Adriana Beatriz Fiori, decretó la apertura del concurso preventivo de acreedores del Sanatorio Posadas SA. La medida, correspondiente al Expediente 203624/2025 y dispuesta en abril, coloca a una de las clínicas privadas más importantes de la capital provincial bajo supervisión judicial.
La administración del concurso quedó a cargo del estudio Bortoluzzi, Villamayor, Villamayor Nercolini, designado como sindicatura. Los acreedores tienen plazo hasta el 15 de junio para presentar sus solicitudes de verificación de créditos en el domicilio fijado por ese organismo.
Como parte del proceso, la Justicia ordenó inhibiciones generales sobre los bienes de la empresa y notificaciones a distintos registros públicos, con el objetivo de resguardar el patrimonio del sanatorio mientras avanza la causa.
La crisis financiera de la institución viene profundizándose desde hace varios años. En 2025, el déficit operativo semestral superó los 600 millones de pesos, en un contexto de fuerte caída en la utilización de sus servicios. La capacidad instalada actual está muy por debajo de los niveles necesarios para que el establecimiento sea rentable, según los registros contables.
A ese panorama se suma que los cerca de 150 trabajadores del sanatorio acumularon atrasos salariales de hasta dos meses, lo que generó malestar interno. Los empleados continúan prestando servicios con normalidad, pero manifestaron incertidumbre respecto a los salarios adeudados y a la continuidad de la actividad.
Entre los acreedores figuran ANSeS y otros organismos públicos, profesionales médicos y empresas proveedoras con deudas impagas desde 2021, además de prestadores de servicios esenciales como seguridad, limpieza y mantenimiento.
Desde la conducción del sanatorio, la crisis se atribuye al atraso de los aranceles frente a la inflación, al incremento de los costos salariales, a la carga impositiva en un contexto recesivo y a aumentos desproporcionados en insumos médicos y medicamentos.
El concurso preventivo abre ahora una etapa judicial determinante para el futuro de la institución: el proceso apunta a reordenar el pasivo y garantizar la continuidad de una clínica que emplea a unas 150 personas y que atraviesa una de las crisis más graves de su historia reciente.