La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay está bajo escrutinio judicial. Un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), firmado por su titular, el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, determinó que el concurso impulsado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) presenta anomalías que, según el texto, «merecen reproche administrativo y podrían derivar en consecuencias penales».
La investigación fue abierta luego de que la PIA recibiera denuncias y presentaciones de organizaciones ambientalistas, integrantes de consorcios portuarios y una firma competidora, que señalaban problemas en el procedimiento y en los pliegos licitatorios. La causa tramita ahora ante la Fiscalía Federal N° 9 de la ciudad de Buenos Aires.
Según el dictamen, la PIA constató «una grave vulneración al principio de transparencia debido a la carencia de parámetros objetivos para la calificación de ciertos aspectos de las ofertas técnicas». El organismo advirtió que esa «ausencia de reglas claras otorga a la Comisión Evaluadora un margen de discrecionalidad excesivo, habilitando la posibilidad de que los criterios de calificación sean adaptados de forma subjetiva o arbitraria con posterioridad a la apertura de los sobres, lo cual lesiona directamente la libre competencia».
El proceso involucra a dos grupos extranjeros: el belga Jan De Nul —que opera la Hidrovía desde 1995— y la firma DEME. De acuerdo con la investigación, las corporaciones de origen chino habrían quedado excluidas del concurso. La PIA señaló además que el pliego de Jan De Nul presentaría un esquema donde actores nacionales aparecerían como socios a través de un modelo laxo de transferencia de contrato.
Entre los empresarios argentinos mencionados en la investigación se encuentran el Grupo Neuss, el Grupo Román —fundado por Alfredo Román— y Juan Ondarcuhu, del Grupo Servicios Portuarios SA, que tiene la concesión de las terminales VI y VII del puerto de Rosario.
El dictamen también remarcó que «la ANPYN repitió irregularidades que ya habían sido advertidas en procedimientos licitatorios anteriores» e identificó siete anomalías concretas en los pliegos.
Entre ellas, la PIA señaló el incumplimiento de la Ley 27.566 en materia de acceso a información ambiental: más de 9.000 páginas fueron presentadas en la audiencia pública en un plazo muy breve, lo que redujo «el procedimiento de participación ciudadana a un cumplimiento meramente formal y ritualista», según el documento.
Otra de las observaciones apunta a una cláusula que permite ceder la concesión a un tercero con «requisitos similares» una vez cumplido el 20% del plazo o de la inversión. Según la PIA, esto «atenta contra el principio de igualdad respecto de otros oferentes que no fueron adjudicados o que se autoexcluyeron por no cumplir los requisitos exigidos, ya que permitiría que termine siendo concesionario alguien que originalmente no cumplía con todas las condiciones».
El dictamen también cuestionó la redacción de la cláusula anticorrupción del pliego, que según la PIA podría habilitar compensaciones económicas al concesionario aun cuando se verifique un acto corrupto, lo que implicaría «la irracionalidad de compensar económicamente al sujeto activo del hecho ilícito cuando su propio accionar irregular es el que origina la nulidad del vínculo contractual».
Entre las restantes irregularidades identificadas figuran: la limitación para impugnar etapas del proceso solo a quienes participaron en cada instancia específica —lo que la PIA calificó como «una restricción ilegítima»—; trabas sin justificación legal para la participación de oferentes bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas (UTE); una fórmula de puntaje final que, según el organismo, desnaturaliza el sistema de licitación por etapas al ponderar dos veces la calificación técnica; y la inclusión de deudas con acreedores actuales de la Hidrovía sin respaldo documental claro.
Con informacion de Misiones Online.