El mal estado de las rutas nacionales se convirtió en un reclamo compartido por provincias de distintas regiones del país. Funcionarios, legisladores e intendentes de Salta, La Pampa y Santa Fe denuncian que la Nación abandonó el mantenimiento de los corredores federales, con consecuencias directas sobre la seguridad vial, la producción y la conectividad.
En Salta, el director provincial de Vialidad, Gonzalo Macedo, describió como crítico el tramo de la Ruta Nacional 9/34 entre Yatasto y Metán. «En la actual ya no se puede circular, está en un nivel de deterioro total y hay ondulaciones muy peligrosas. Circular por esos caminos hoy es arriesgar la vida», afirmó. Macedo detalló que la obra de autopista prevista sobre ese corredor está prácticamente paralizada: de 24 kilómetros planificados, solo se trabaja sobre unos 800 metros de terraplén, y la empresa contratista no cobra certificados desde octubre. También señaló que existen presentaciones judiciales contra Vialidad Nacional por el estado de las vías, y cuestionó el cobro de peajes en tramos deteriorados. En casos como la RN 51 y el puente de Vaqueros, la provincia debió adelantar fondos propios para evitar la suspensión total de los trabajos.
En La Pampa, 74 intendentes de localidades ubicadas sobre corredores federales suscribieron un documento conjunto en el que expresaron su «profunda preocupación» por el abandono de las rutas y los recortes de fondos de mantenimiento contemplados en el Presupuesto Nacional 2026. En el texto sostuvieron que «el abandono impacta directamente en la seguridad de quienes transitan a diario» y que el deterioro «multiplica los riesgos y genera una situación de preocupación permanente para nuestras comunidades». Los intendentes respaldaron la postura del gobierno provincial, que propone que Nación transfiera los fondos adeudados o ceda la jurisdicción de esos corredores. También reclamaron la reactivación urgente de obras en las rutas nacionales 5, 35, 143, 151, 152, 154 y 188.
En Santa Fe, el tema llegó al Senado provincial, que aprobó por unanimidad un proyecto del legislador Ciro Seisas exigiendo al Ejecutivo un informe urgente sobre la situación de Vialidad Nacional. «La irresponsabilidad de Nación se paga con la vida de los santafesinos», advirtió el senador. Seisas señaló que de los 43.000 kilómetros de rutas nacionales en el país, gran parte está en estado deplorable, y que las licitaciones previstas para 9.000 kilómetros «tampoco se ejecutan».
Una audiencia pública en el sur santafesino, donde circulan cerca de dos millones de camiones por año, reunió a legisladores, intendentes y vecinos para denunciar el estado de la RN 34. Allí se anticipó una demanda colectiva contra el Estado nacional. El ministro provincial de Obras Públicas, Lisandro Enrico, advirtió que «decidir no reparar rutas, mientras se sigue cobrando el impuesto a los combustibles, puede tener consecuencias legales».
Según un informe de Fepevina, más del 53% de los 2.700 kilómetros de rutas nacionales en Santa Fe se encuentra en mal estado, y apenas el 20% está en buenas condiciones. Entre enero y abril de 2026, 34 personas murieron en siniestros viales en esa provincia, con una tasa de mortalidad de 1,3 fallecidos cada 100 kilómetros, seis veces superior a la de las rutas provinciales.
El gobernador Maximiliano Pullaro también se sumó al reclamo. «Ya no hablamos de pozos, sino de cráteres», denunció, y anunció que la provincia avanzará con recursos propios sin esperar a la Nación.
Por su parte, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) rechazó el DNU 253/2026, que transfiere tramos de rutas nacionales a las provincias, calificándolo de «ilegal, inconstitucional e inoportuno». La entidad también cuestionó el financiamiento por peajes y propuso un plan vial integral financiado con el Impuesto a los Combustibles, cuyos fondos, según señaló, Nación no redistribuye desde diciembre de 2023.